Un pacto global por la sostenibilidad

El calentamiento global y la degradación del ambiente ya están impactando el bienestar humano. No obstante, lo peor podría estar por venir. Al ritmo de las emisiones actuales, quedan menos de 30 años para limitar el incremento de la temperatura a 2 °C, umbral considerado por los científicos como el punto de no retorno a partir del cual existen altos riesgos de daños masivos e irreversibles a escala mundial¹.

Este panorama ha motivado un importante consenso global en torno a la necesidad de proteger el ambiente con esfuerzos que se remontan al último tercio del siglo pasado. La figura 4.1 muestra los esfuerzos globales por la sostenibilidad ambiental, destacando, por un lado, los principales hitos en acuerdos internacionales para el cuidado del ambiente y de la biodiversidad y, por el otro, los concernientes a la respuesta al cambio climático.

En lo que respecta al cambio climático, el hito reciente más destacable es el Acuerdo de París, que plantea como objetivo central “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales” (Naciones Unidas, 2015). 

El Acuerdo de París constituye un importante avance para dar una respuesta mancomunada a la crisis climática. La gran adhesión alcanzada, al conseguir que casi todos los países hayan participado y propuesto contribuciones nacionales, es su mayor logro. A la fecha de noviembre, 2024, 195 países se han adherido, de los cuales 33 son de América Latina y el Caribe. Su modelo de gobernanza, en el que los países proponen sus propios compromisos, ha favorecido la adhesión. Sin embargo, también tiene implícitas debilidades asociadas a la falta de una visión coordinada que garantice la consistencia entre los compromisos y el presupuesto de carbono restante, y a la ausencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los compromisos. 

Bajo el Acuerdo de París, América Latina y el Caribe se comprometió a reducir sus emisiones en aproximadamente un 11 % para 2030, en comparación con los niveles de 2020. Este objetivo contempla esfuerzos de mitigación comparables a los de las economías desarrolladas, considerando que el crecimiento poblacional proyectado para la región es superior y que busca un crecimiento económico que permita acercarse a los niveles de PIB per cápita de estas economías desarrolladas. Específicamente, dado el crecimiento demográfico previsto, si el PIB per cápita de América Latina y el Caribe crece a una tasa anual de 4 %, la región tendría que reducir las emisiones por unidad de PIB en aproximadamente un 5,5 % anual. Este porcentaje es comparable al recorte requerido en la Unión Europea, que necesita disminuir sus emisiones por unidad de PIB en un 5,24 % anual, suponiendo un crecimiento económico del 2 %. Sin embargo, esta reducción necesaria en América Latina y el Caribe más que duplica la disminución observada en esta variable durante la última década.

Vale destacar que estos compromisos definidos por los países representan un paso intermedio para el objetivo de procurar la sostenibilidad ambiental. Para detener el calentamiento global por completo se requieren emisiones netas cero, y para que el pico de temperatura promedio se mantenga por debajo de 2 °C, esa reducción debe ser acelerada. Según el Net-Zero tracker de Climate Watch (2024), en el momento de escribir este capítulo, 101 países, que en conjunto representan más del 80 % de las emisiones globales, se han comprometido con objetivos de emisiones netas cero. Respecto a la fecha, 69 de ellos para 2050, 10 antes de 2050, 16 luego de 2050, y 6 ya han alcanzado el estatus de emisiones netas cero, con el compromiso de mantenerlo. 

Sin embargo, los compromisos actuales son incompatibles con los objetivos del Acuerdo de París. A la fecha, la sumatoria de los compromisos incrementará la temperatura promedio global en 2,5 grados aproximadamente, con posibilidades de alcanzar, incluso, los 3 grados; y la combinación de las acciones efectivamente aplicadas da una imagen aún más alarmante (Climate Action Tracker, 2023).

Lo que tenemos hoy es un proceso diplomático muy asociado a las conferencias anuales sobre el clima […] que tienen un proceso, un cronograma, una velocidad de acción que es incompatible con el desafío. […] Tenemos este desafío institucional de coordinar la acción de los países, que son relativamente pocos. El G20 representa el 80 % del problema, en términos generales, por lo que es un conjunto relativamente pequeño de países que pueden hacer mucho.

Con base en entrevista a Juliano Assunção

La preocupación por la extinción de especies tiene un hito fundacional en la creación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en 1948. Sin embargo, las acciones en materia ambiental tomaron impulso luego de la creación del Programa de las Naciones Unidas para la Protección del Medio Ambiente (PNUMA), en 1972, en un esfuerzo por coordinar las acciones ambientales a nivel internacional y asistir a los países a implementar legislaciones en este sentido. 

Entre las iniciativas más exitosas de cuidado del ambiente se encuentran las de protección de la contaminación del aire. Entre estas, la Convención de Viena y, dentro de ella, el Protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono (1985), es considerada una de las más efectivas. Fue ratificada por 196 países y, desde su entrada en vigor, trajo asociada una eliminación casi total de las emisiones de gases cubiertos por el protocolo. 

La creación de PNUMA se dio en el contexto de una mayor demanda de calidad ambiental que dio impulso a regulaciones para la protección del ambiente a escala nacional, en particular, el requerimiento de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para la aprobación de proyectos productivos. Estados Unidos fue pionero con la aprobación del Acta Nacional para la Política Ambiental (1970). Sin embargo, el requerimiento de EIA se generalizó en los países en desarrollo en la década de 1990, en gran medida impulsados por la incorporación de salvaguardas ambientales en los proyectos financiados por el Banco Mundial (ver Directiva Operacional 4.01 sobre el análisis ambiental). A la fecha, los EIA son un componente central de las políticas ambientales; más de 190 países incorporan leyes asociadas al uso de este instrumento (Morgan, 2012).

En materia de protección de los ecosistemas y de la biodiversidad, la gobernanza internacional ha avanzado menos que en lo climático. La principal instancia de coordinación, el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, ha trabajado en fijar objetivos de conservación. Entre los esfuerzos realizados desde entonces, se destacan los objetivos conocidos como Metas de Aichi, promulgadas en 2010, siendo el hito más reciente el Marco Global de Biodiversidad, firmado en la COP de 2022.

Este marco señala 4 objetivos y 23 metas orientadas a adoptar medidas urgentes en el decenio hasta 2030, que incluyen lograr que para 2030 al menos un 30 % de las zonas de ecosistemas terrestres, de aguas continentales, costeros y marinos degradados estén siendo objeto de una restauración efectiva (meta 2) y conseguir y hacer posible que, para 2030, al menos el 30 % de las zonas terrestres, de aguas continentales y costeras y marinas, especialmente las zonas de particular importancia para la biodiversidad y las funciones y los servicios de los ecosistemas, se conserven y gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas (meta 3)².