Reducción de las emisiones causadas por la actividad humana

Perfil de emisiones de América Latina y el Caribe

La gran contribución de América Latina a la descarbonización global está en la reducción de la deforestación. […] Tenemos que dejar de destruir nuestra biodiversidad, protegerla y buscar que el mundo pague por eso […]. Porque una hectárea protegida con bosques, con selvas en América Latina, es una hectárea que le va a ayudar mucho a todo el mundo a mantener una actividad económica dinámica.

Con base en entrevista a Mauricio Cárdenas

Las emisiones de GEI se suelen clasificar en dos grandes grupos. El primero, denominado agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (ASOUT), que comprende las emisiones que resultan de las modificaciones que se realizan sobre las coberturas terrestres (UTCUTS), así como las emisiones de la producción agropecuaria asociadas, de manera crucial, al proceso digestivo del ganado, y las de óxidos de nitrógeno asociados al uso de fertilizantes. El segundo grupo se denomina Consumo Fósil y Procesos Industriales (CFPI), y comprende las emisiones asociadas al uso de combustibles fósiles, así como las emisiones no energéticas vinculadas a ciertos procesos industriales y a la descomposición de residuos. 

A nivel global, casi el 80 % de las emisiones de GEI provienen de CFPI, mientras que un poco más del 20 % proviene del sector de ASOUT. En contraste, alrededor del 54 % de las emisiones de América Latina provenían del sector ASOUT, una cantidad mucho más significativa que el 13 % del Caribe o el 8 % de los países de la OCDE¹ (ver gráfico 4.5). 

Como es de esperar, existen diferencias notables dentro de la región en cuanto a la importancia entre estas dos fuentes de emisiones. Por ejemplo, en América Latina, coexisten países donde ASOUT supera el 70 % de las emisiones (Brasil, Nicaragua, Paraguay y Uruguay) con otros donde representa menos del 30 % (Chile, México, El Salvador). 

Dentro del componente ASOUT se observa que para el caso de América Latina el componente UTCUTS domina ligeramente al agropecuario (56 % vs. 44 %), pero ambos son muy importantes. En contraste, en el Caribe y en los países de la OCDE, provienen fundamentalmente del componente agropecuario; más aún, el componente UTCUTS ha tenido emisiones negativas debido a procesos como el crecimiento de la superficie forestal. Por otra parte, el subsector de mayor importancia dentro de las emisiones agropecuarias es la fermentación entérica, referida a las emisiones de metano (CH₄) asociadas al proceso digestivo del ganado vacuno, lo que representa casi dos tercios de las emisiones agropecuarias. 

En lo que respecta a los componentes CFPI, la participación del sector edificaciones es modesta: alcanza aproximadamente un 5 % en América Latina, el 3 % en el Caribe y más del 10 % en la OCDE. Sin embargo, este valor se refiere solo a las emisiones por el uso de combustibles en este sector, aunque es responsable de emisiones indirectas asociadas a la generación de la electricidad que usa². 

El consumo energético en los hogares es comparativamente bajo en la región: 7,12 gigajulios, muy por debajo de China (19,3), Estados Unidos (30,6) y Europa (23,4) (OLADE, 2021; National Bureau of Statistics of China, 2022; EIA, 2020; Eurostat, 2022). Esto se debe a los menores ingresos de los hogares y a la poca necesidad de calefacción. No obstante, es indispensable adelantar políticas de mitigación también en los hogares: se espera que el consumo de energía en el hogar aumente a medida que aumentan los ingresos y debido al incremento en las necesidades de refrigeración ocasionadas por el calentamiento global³. La electrificación del consumo y la eficiencia energética constituyen las dimensiones clave para la mitigación en este sector. 

Las emisiones asociadas a los otros componentes son, en general, importantes. Por ejemplo, en América Latina, los sistemas energéticos (incluyendo las emisiones fugitivas) son responsables de 31 % de las emisiones; el transporte, del 26 %, y las industrias (incluyendo el manejo de residuos), del 38 %. En el Caribe, el transporte tiene una participación comparativamente menor, con 12 %, mientras que los sistemas energéticos y la industria representan más del 40 % cada una. 

Cabe destacar que las emisiones asociadas al transporte internacional marítimo y aéreo no están incluidas en el gráfico 4.5 debido a que no suelen imputarse a ningún país. Estas representan 1,55 % y 1,19 % de las emisiones de GEI a nivel global, respectivamente. Para poner este número en perspectiva, conjuntamente representan casi 40 % de las emisiones totales de América Latina y el Caribe. Por ello, la mitigación en este sector es esencial para lograr emisiones netas cero.

Mitigación en los sistemas energéticos⁴

Desde el lado de la oferta de energía, en el RED 2024 (Allub et al., 2024) se resaltan cuatro acciones de mitigación:

Acción # 1: Reducir las pérdidas de los sistemas energéticos

Los procesos de producción, transformación y transporte de energía llevan asociadas pérdidas que amplifican las emisiones relacionadas con el consumo, por lo que es necesario reducirlas.

En el caso de la electricidad, por ejemplo, para América Latina y el Caribe las pérdidas asociadas a la generación eléctrica con base en combustibles ascienden en promedio a 56 %, y a 19 % en la fase de transmisión y distribución. Aunque no todas son atribuibles a problemas de ineficiencia, las diferencias entre países indican potenciales espacios para mejorar; por ejemplo, las pérdidas en transmisión y distribución representan 5 % en Estados Unidos (EIA, 2022). Problemas en la calidad de la infraestructura de generación y transmisión y distribución pueden ser responsables de estas pérdidas excesivas y pueden ser corregibles.

Con respecto a los combustibles, también se identifican pérdidas importantes. Para un conjunto de 10 países estudiados, por cada 100 toneladas de CO₂ equivalentes (t CO₂e) emitidas en el momento de consumir combustibles fósiles, previamente fueron liberadas más de 29 t CO₂ adicionales en su producción y transporte. La mayor parte fueron emisiones de metano generadas por el venteo o la quema de gas natural no aprovechado, o por fugas en los procesos de producción, transformación y transporte (ver gráfico 4.7).

Estas emisiones previas al consumo se pueden reducir con mejores equipamientos y con la electrificación de algunos procesos⁵. La correcta disposición final de los yacimientos de petróleo y gas y de las minas de carbón es también crucial para reducir la emisión de metano.

Acción # 2: El gas natural como combustible de transición

El gas natural es el hidrocarburo con menos emisiones de CO₂ por unidad de energía entregada. Por ejemplo, durante la combustión emite menos del 60 % de las emisiones que se obtendrían al conseguir la energía con carbón mineral. El gas natural lleva asociadas emisiones significativas en la producción y el transporte debido a fugas, un ámbito de acción relevante para la mitigación de emisiones en la región. Sin embargo, aun si consideramos las emisiones fugitivas actuales, el reemplazo del carbón por gas natural implica una reducción de emisiones de aproximadamente 20 %. 

Para poner esta virtud del gas en perspectiva, si el 50 % del uso de carbón y de combustibles derivados del petróleo en América Latina y el Caribe se sustituyera por gas natural, considerando los procesos productivos actuales, se alcanzaría una reducción directa equivalente al 7 % de las emisiones actuales, lo que representa casi un 65 % de los compromisos fijados para 2030. 

Un riesgo de la penetración del gas es que las inversiones en producción, transporte y consumo retrasen la velocidad de convergencia hacia la neutralidad en carbono. Una forma de minimizar ese riesgo es considerar la readecuación de equipamientos para el uso de gas natural como un paso insertado en una estrategia hacia la descarbonización. 

Las dos acciones señaladas hasta ahora apuntan a reducir las emisiones en contextos donde persiste la dependencia de fuentes fósiles; no obstante, la ruta hacia una mayor descarbonización, y en particular hacia cero emisiones netas, descansa en dos pilares: la electrificación verde y la penetración de combustibles limpios.

Para estos países que tienen gas natural, lo importante es que nos dan tiempo mientras vamos avanzando en la electrificación. Es un combustible fósil de transición, pero hace que esta sea más fluida, menos costosa y sobre todo, permite que la economía se vaya ajustando.

Con base en entrevista a Mauricio Cárdenas

Acción # 3: Electrificación verde

Según los datos más recientes (2022), la electricidad atiende aproximadamente el 20 % del consumo en América Latina y el Caribe. Esta tasa de electrificación es ligeramente inferior a la de los países de la OCDE (en torno al 23 %) y notablemente heterogénea entre países (gráfico 4.8, panel A). La matriz eléctrica de la región es relativamente verde: el 61 % de esa electricidad es generada con fuentes renovables; por encima del 36,5 % a nivel global. No obstante, las fuentes renovables no convencionales (solar/eólica) son responsables de un 12,5 % de la generación eléctrica, similar al valor global (11,7 %). Esto indica que la ventaja en generación no combustible proviene de recursos hídricos (ver gráfico 4.8, panel B).

La transición energética demanda aumentar significativamente la tasa de electrificación, impulsada notablemente por la expansión de las fuentes renovables no convencionales. En efecto, según la AIE, en el escenario de compromisos adquiridos, la capacidad de generación eléctrica pasa de 520 GW en 2022 a 1.857 en 2050, lo que implica que la tasa de electrificación pasa de 20 % a 40 %. Por su parte, bajo este escenario, la capacidad de generación de las fuentes de energía renovables no convencionales (ERNC, en adelante) se debe multiplicar por más de 13, pasando a representar alrededor del 63 % de la generación eléctrica (ver gráfico 4.9).

La electrificación verde tiene desafíos. El primero está relacionado con la intermitencia de las energías solar y eólica. Ello hace indispensables mecanismos de respaldo que incluyan centrales hidroeléctricas, plantas de generación térmica (por ejemplo, a gas natural de ciclo abierto o a base de combustible limpios) y baterías. Bajo el escenario de los compromisos adquiridos, se espera que para 2050 el sistema de baterías tenga una capacidad de 137 GW, un 44 % de la capacidad hidroeléctrica estimada para esa fecha. La integración energética de sistemas nacionales e internacionales también puede mitigar los problemas de intermitencia. 

Un segundo desafío proviene de la estructura de costos de las ERNC, caracterizada por costos de inversión inicial relativamente altos, pero costos de generación cercanos a cero durante los años de operación. Esta estructura de costos muy distintiva respecto de las fuentes de generación eléctrica basadas en combustibles hace necesarios cambios regulatorios en la manera en que se retribuye a los generadores de electricidad. Adicionalmente, los expertos indican que se requieren cambios en la estructura de tarifas que se cobran a los consumidores ante la adopción masiva de generación solar en el hogar. Esquemas tarifarios basados en cargos fijos y diferenciados según bloque de horario en el que se consume la electricidad forma parte de las recomendaciones que emergen con la incorporación de la ERNC. 

Un tercer desafío se asocia con la transmisión y la distribución. La red de transmisión de la región es de aproximadamente 20 km por cada 10.000 habitantes y, en el escenario de cero emisiones netas (CEN), se necesita más que duplicarla para 2050, en sintonía con el incremento esperado en el consumo eléctrico. Esta expansión implica desafíos financieros y de gestión de permisos y concesiones de uso del suelo. Por otra parte, la incorporación de ERNC puede requerir cambios en las redes de transmisión y distribución, debido a una mayor diversidad y dispersión de fuentes de generación y la expansión de paneles solares domésticos.

Acción # 4: Penetración de combustibles bajos en carbono

Aún en el escenario de cero emisiones netas, más del 50 % del consumo de energía dependerá de combustibles. Ello responde a la existencia de sectores de difícil electrificación y a la necesidad de contar con sistemas de respaldo para afrontar la intermitencia de la generación de electricidad a partir de fuentes de ERNC. Existen dos alternativas para obtener combustibles limpios que reemplacen a los de origen fósil: los combustibles de origen agropecuario y el hidrógeno y sus derivados⁶.

Los combustibles de origen agropecuario (por ejemplo, biodiésel y etanol) tienen los desafíos asociados al uso de la tierra y de insumos agrícolas como fertilizantes, herbicidas e insecticidas. Esto implica, por un lado, emisiones de GEI por el aumento de la superficie cultivada que impulsa la deforestación y al contenido de carbono de los insumos agrícolas, y, por otro, el incremento en el precio de los alimentos al competir con su producción. Algunas condiciones que reducen estos desafíos son el aumento de la productividad agrícola, el empleo de cultivos no alimentarios, desechos forestales, agropecuarios o residuos sólidos urbanos, así como la producción en tierras degradadas no aptas para la producción de alimentos.

El desarrollo de los combustibles agropecuarios precisa adoptar marcos regulatorios que establezcan lineamientos para su producción con bajo impacto ambiental, que incluyan marcos de certificación de gestión sostenible con verificación independiente y que abarquen toda la cadena de suministro y producción. En segundo lugar, conviene la adopción de políticas que incentiven el consumo⁷. Un tercer eje corresponde a políticas que promuevan la innovación, especialmente para combustibles basados en residuos, en particular de leña y papel. En esta línea se destaca la adopción de cuotas obligatorias de uso de biocombustibles avanzados como instrumento de las políticas.

Con respecto a la segunda alternativa, el hidrógeno puede usarse como combustible principalmente de manera directa (llamado hidrógeno molecular) o en forma de amoníaco. Para que sea un aliado en la descarbonización, debe obtenerse con bajas o nulas emisiones. Las alternativas para producirlo son: 1) la producción con base en gas natural con integración de la captura y el almacenamiento de carbono con la producción; 2) la producción de hidrógeno por electrólisis de agua, con electricidad generada a partir de fuentes renovables o limpias, y 3) el uso de insumos de fuentes orgánicas sostenibles, incorporando captura de carbono. La penetración requerida del H₂ limpio demanda que se reduzcan los costos de su producción y, sobre todo, las dificultad de su transporte y almacenamiento.

Mitigación en los usos de energía

Las estrategias de mitigación que involucran a los usuarios finales implican promover la eficiencia energética; fomentar prácticas más sostenibles y la electrificación de los usos en lo que es viable, y adoptar combustibles limpios en los usos que no. Las acciones concretas son específicas del sector. 

Industrias de difícil descarbonización 

Tres industrias son responsables de casi el 60 % de las emisiones de todo el sector industrial de la región: el cemento, el acero y la industria de productos químicos. Ellas son clave para el desarrollo económico de la región y, a la vez, de difícil descarbonización por la naturaleza de sus procesos productivos; por ejemplo, por necesidades de calor o de insumos claves con alto impacto en emisiones. Las principales políticas de descarbonización para estos sectores se presentan en el cuadro 4.2.

En general, estas políticas se pueden agrupar en tres: 

(1) Uso de combustibles limpios: por ejemplo, hidrogeno verde en la industria del acero. 

(2) Modernización de equipos: por ejemplo, modernizar hornos en la industria del cemento⁸.

(3) Transformación de procesos: por ejemplo, reducir el contenido de clínker en la industria del cemento, uso de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono en la industria química, uso de chatarra y hornos eléctricos en la producción de acero⁹. 

Dentro de la estrategia para la reducción de emisiones en procesos industriales, también destaca el caso del manejo de los residuos, que representan el 15 % y 12 % de las emisiones CFPI en América Latina y el Caribe, respectivamente, y apenas el 3 % en los países de la OCDE. Introducir principios de economía circular permitiría reducir estas emisiones, al promover la reutilización de los recursos que son tratados como desechos. 

Sector transporte

En los países de América Latina y el Caribe, el transporte terrestre representa casi el 90 % de las emisiones del sector, distribuido aproximadamente en partes iguales entre automóviles particulares, vehículos de carga y autobuses. Como en el caso del sector industrial, las estrategias de mitigación dependerán aquí del modo y del tipo de vehículo. 

En el caso del transporte de carga pesada, las opciones de electrificación aún son limitadas. Las estrategias se orientan, en primer lugar, hacia el uso de combustibles menos contaminantes como los biocombustibles avanzados o, incluso en la transición, el gas natural. En segundo lugar, a promover la eficiencia logística en el manejo de las cargas para reducir la incidencia de viajes con poca carga. La movilización de carga en trenes puede ser una opción válida de mitigación si la escala lo permite. El transporte de carga ferroviario tiene un uso energético que supone en promedio solo un 15 % de la energía utilizada en el transporte de carga terrestre (Gross, 2020). Sin embargo, la infraestructura férrea es costosa, por lo que solo sería económicamente viable cuando una ruta alcance una escala de carga suficientemente elevada. Respecto a la logística urbana, típicamente de carga liviana, la opción de electrificación sí resulta económica y viable. 

Respecto al transporte urbano de pasajeros, una primera estrategia es incrementar el uso del transporte público y su tasa de electrificación; por ejemplo, mediante la incorporación de buses eléctricos y, donde sea eficiente, de metros. Asimismo, el incremento de formas de movilidad activa como caminar o usar bicicleta, también resulta como una opción necesaria para darle capilaridad al sistema de transporte público. Esto requiere transformar la infraestructura de las ciudades, especialmente en aquellas orientadas al uso del transporte individual. La adopción de vehículos eléctricos individuales es una alternativa con menores emisiones a los motores de combustión interna, aunque aún limitada por los altos costos y la precaria infraestructura de carga en las ciudades.

En el caso del transporte marítimo y aéreo internacional, puesto que todos los países son responsables en forma mancomunada por las emisiones en estos sectores, los organismos clave para promover la mitigación en este subsector son la Organización para la Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización Marítima Internacional (OMI). Esta última ha avanzado en la adopción de una estrategia basada en dos componentes centrales: estándares de emisiones en los combustibles y de eficiencia energética (MEPC, 2023). La OACI, por su parte, adoptó una estrategia aspiracional global en 2022 para alcanzar emisiones netas cero (OACI, 2022). 

Las acciones de mitigación en este sector incluyen eficiencia energética, pero, especialmente, promover combustibles sostenibles que hoy representan una muy baja fracción del consumo del sector. Bajo el escenario CEN de la Agencia Internacional de Energía, se espera que estos cubran más del 80 % de las necesidades del sector para 2050. 

Residencial

Las intervenciones para mejorar la eficiencia y promover el ahorro en el consumo de electricidad en el sector residencial pueden agruparse en tres categorías: (1) mejorar la eficiencia de aparatos eléctricos y edificios mediante subsidios o estándares obligatorios; (2) proveer información y educación tanto para la adopción de aparatos nuevos más eficientes como para el uso de los existentes y (3) modificar el nivel y la estructura de los precios de la energía.

Para el caso de los hogares, además de estas acciones de mitigación es necesario cerrar brechas aún existentes de acceso a energía de calidad, y garantizar la asequibilidad (ver recuadro 4.1).

Mitigación en los usos del suelo y la agricultura 

Para las emisiones asociadas al cambio y usos del suelo y la agricultura, en el RED 2023 (Brassiolo et al., 2023) se destacan las siguientes acciones de mitigación:

Acción # 1: Detener el cambio en el uso del suelo en ecosistemas con alto contenido de carbono

En línea con la composición sectorial de emisiones, la principal acción para la mitigación en este sector es detener el cambio en el uso del suelo. Es decir, frenar el avance de la frontera agropecuaria, particularmente sobre ecosistemas con un alto contenido de carbono: bosques tropicales, humedales de agua dulce y manglares. Para esto, existe un conjunto de instrumentos que se han implementado con moderado éxito: establecimiento de áreas protegidas, leyes antideforestación y regulaciones en la cadena de suministro. Sin embargo, la efectividad de estas políticas se ve comprometida por la falta de capacidades de implementación. A modo de ejemplo, se estima que más del 96 % de la deforestación en la región del Amazonas es ilegal. Estas políticas se discuten en el apartado “Protección del ambiente y de los ecosistemas”.

Acción # 2: Mejorar la productividad agropecuaria

Reducir la deforestación sin comprometer el crecimiento del sector agropecuario requiere incrementar la productividad agrícola. Usando datos geográficos detallados sobre la producción potencial de cada parcela, Adamopoulos y Restuccia (2022) encuentran que el uso de las mejores prácticas y tecnologías existentes, junto con una mejor elección de cultivos según las características de las parcelas, permitiría multiplicar por cinco la producción por hectárea en los países pobres. En esta materia se requiere la participación de los institutos públicos de investigación y transferencia de tecnología.

Precisamente, el avance tecnológico presenta grandes oportunidades para el sector agropecuario, particularmente en dos dimensiones: la agricultura de precisión y la mejora genética en los cultivos y la producción animal. La primera, facilitada por el uso de vehículos autónomos y el procesamiento automatizado de imágenes para el monitoreo de cultivos, permite reducir el requerimiento de insumos, lo que reduce la contaminación. La segunda permite mejorar la resiliencia ante la incidencia de plagas y la variabilidad climática. 

Las ganancias de productividad del sector agrícola favorecen la mitigación por dos vías: al reducir el uso de insumos, especialmente los que tienen una huella de carbono significativa por fabricación o por uso, y al reducir la superficie requerida por cada dólar invertido en la producción.

Aumentar la productividad en el sector agropecuario no garantiza por sí sola que la expansión de la frontera agropecuaria se contenga, puesto que incentiva la recuperación del uso del suelo para la producción. Contener tal expansión sobre ecosistemas con alta densidad de carbono requiere acciones complementarias.

Acción # 3: Fortalecimiento de catastros y protección de derechos de propiedad

La deforestación y el cambio en el uso del suelo se ven favorecidos en la región por los difusos derechos de propiedad sobre la tierra. En el Amazonas brasileño, por ejemplo, existen evidencias de que la apropiación ilegal de tierras públicas por productores privados y la posterior titulación por el Estado está asociada a la deforestación, puesto que el cercado y uso productivo por un plazo prolongado, que finalmente la ocasionan, están incluidos en los mecanismos de regularización de tierras (Carrero et al., 2022). La implementación imperfecta de los derechos de propiedad que posibilitan las apropiaciones conlleva costo cero o, incluso, una remuneración a las emisiones asociadas al cambio del uso del suelo. Por ello, la regularización de dominios, el fortalecimiento de catastros y la implementación ágil de los mecanismos legales y jurídicos para garantizar el respeto a los derechos de propiedad y detener las apropiaciones y explotaciones ilegítimas, especialmente sobre tierras públicas, son clave.

Acción # 4: Mejores prácticas agrícolas para la gestión del carbono en suelos, las emisiones del ganado y los desechos agropecuarios

En las regiones afectadas a la producción de cultivos y al pastoreo, los suelos tienen un gran potencial para almacenar carbono. 

Algunas prácticas que permiten incrementar el carbono en tierras de cultivos son el uso de variedades mejoradas, la rotación de cultivos y el uso de cultivos de cobertura entre ciclos de siembra. En tierras de pastoreo, se destacan la gestión adecuada de la cantidad de ganado por hectárea, el uso de variedades diversas de pasturas y la prevención del fuego. 

El secuestro de carbono en los suelos a través de mejores prácticas agrícolas es considerado un espacio de alto potencial y bajo costo, aunque sujeto a dificultades de monitoreo y verificación, necesarios para su adopción generalizada (IPCC, 2022a).

Dos herramientas transversales: precio al carbono y tecnologías de captura

Mercados de carbono e impuesto al carbono 

Las emisiones de GEI generan una externalidad negativa a nivel global. Quien emite no considera todos los costos que dichas emisiones imponen sobre el resto de la sociedad; por ello, son ineficientemente altas. Los impuestos al carbono y los mercados de carbono procuran corregir esta externalidad. 

En términos de impuestos, el Gobierno fija un precio por la emisión de unidades CO₂ equivalente que debe ser pagado por quien emite. La presencia de este costo desincentiva las emisiones de GEI. Además de asignarles a estas el costo social, tales impuestos proporcionan ingresos fiscales que pueden financiar proyectos necesarios para la transición verde.

En cuanto a los mercados de carbono, se trata de sistemas comerciales donde se negocian créditos de carbono. Distintos agentes económicos, como empresas o familias, pueden compensar sus emisiones a través de la adquisición de créditos de carbono asignados por el Gobierno u ofrecidos por otros agentes que eliminan o reducen las emisiones de GEI. Estos mercados de carbono pueden ser de dos tipos: regulados, donde las empresas y entidades compran créditos para cumplir con regulaciones nacionales o internacionales, o voluntarios, donde compran créditos de manera facultativa (PNUD, 2022)¹⁰. 

Existen distintas formas de distribuir estos permisos de emisión. Por ejemplo, asignándolos a empresas según su nivel de emisiones en algún período de referencia o a través de subastas, lo que resulta en una fuente de ingresos. Tras la asignación inicial, se autoriza el comercio de licencias de emisiones entre empresas (o países), permitiendo que quienes emitieron menos de lo previsto vendan su excedente a otros, incentivando la mitigación.

Entre las ventajas de los mercados de carbono se encuentra que el precio lo determina el mercado, mientras que el impuesto requiere procesos administrativos para cambiar su monto. Esto puede brindar a los mercados de carbono más flexibilidad para ajustarse a las situaciones particulares de la economía; pero, a la vez, hace más volátil el precio. Por otra parte, a nivel de cooperación internacional, los impuestos al carbono requerirían la unificación global del precio por tonelada de CO₂ equivalente o mecanismos de ajuste en frontera para evitar lo que se denomina fugas de carbono, esto es, emisiones de empresas que migran su producción desde países con regulaciones estrictas a otros donde son más permisivas. 

Si hay algo que sabemos en economía es que el precio del carbono debería ser el mismo en todo el mundo, porque una emisión de una partícula en China es equivalente a una emisión de una partícula en Brasil […]. Cuando realmente estemos comprometidos con la agenda climática […] necesitaremos tener estos mercados integrados. Por eso, no creo que podamos hacer del carbono una pieza fundamental de la agenda de mitigación mientras estos mercados sigan segmentados. […] Necesitamos un mercado con participación del Gobierno, que esté regulado y que haya esta integración entre los diferentes países.

Con base en entrevista a Juliano Assunção

Captura, uso y almacenamiento de carbono (CUAC)

Incluso en los escenarios de cero emisiones netas, los combustibles fósiles no desaparecerán, al menos hasta mediados del siglo XXI. Esto pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el desarrollo de tecnologías de captura, uso y almacenamiento de carbono para eliminar las emisiones asociadas a los combustibles fósiles que perduren. Los incentivos de penetración de estas tecnologías estarán condicionados por el costo que se asigne a las emisiones de GEI. 

Existe un proceso natural de captura, uso y almacenamiento de carbono (CUAC). Este se da mediante la recuperación de bosques o vegetación al eliminar las actividades productivas sobre los suelos. También existen tecnologías con diverso grado de desarrollo que pueden tener un espacio en el conjunto de medidas de mitigación¹¹. En la fase de captura, existen dos tipos de tecnología: la que capta emisiones directamente en el lugar de emisión (un punto físico, como una fábrica o una planta generadora térmica), y las que toman carbono del aire (conocido como direct air capture). Las aplicaciones con mayor desarrollo del primer tipo se dan en los sectores eléctrico e industrial. En cambio, la captura del aire es más costosa dado que insume más energía. 

La CUAC puede permitir recuperar una parte del valor de los activos energéticos con riesgo de abandono en los procesos de transición, dado que su efecto negativo sobre el clima sería menor (Clark y Herzog, 2014; IPCC, 2005). Para que estas tecnologías sean viables económicamente, hace falta que los inversores perciban que esa actividad tiene una valorización y esta refleje los costos ambientales en el futuro.