La macroeconomía de la transición verde
La transición verde impactará las economías de la región más allá de aspectos estrictamente vinculados con la sostenibilidad. Por un lado, puede tener incidencia en los balances externos; en la conformación de precios; en la estabilidad del sistema financiero y, especialmente, en el ámbito fiscal. Por el otro, puede favorecer una transformación estructural con implicaciones para el mercado de trabajo y el desarrollo productivo.
Respecto al balance externo, aunque la mayoría de los países de América Latina y el Caribe son importadores netos de energía, algunos como Colombia, Bolivia, Trinidad y Tobago, Ecuador y Venezuela son fuertes productores de hidrocarburos y sus exportaciones netas de productos energéticos superan el 20 % de las exportaciones totales. En estos casos, la descarbonización de la economía global podría tener un impacto negativo en las fuentes de divisas.
La transición verde también podría afectar los niveles, estructura y volatilidad de precios. El incremento de eventos climáticos extremos puede afectar la oferta de bienes agrícolas e incrementar su precio, y la remoción de subsidios energéticos y la imposición de impuestos verdes puede tener efectos en los precios de la energía, mientras que el incremento en la demanda de insumos para la transición verde puede afectar su precio y el de otros bienes que los usan. En el ámbito financiero, la pérdida de valor de activos vinculados a la economía fósil (activos varados) también podría impactar la estabilidad si afectan al valor de los bienes o activos de que disponen los bancos y, por el mismo efecto, el acceso al crédito de las empresas asociadas, directa o indirectamente, con la producción de energía fósil.
Los impactos del ámbito fiscal son, posiblemente, los de mayor relevancia. El estudio de Cárdenas y Orozco (2022), por ejemplo, presenta estimaciones sobre los costos que implica alcanzar los objetivos planteados en los compromisos de respuesta al cambio climático para seis países de la región. Los autores encuentran estimaciones que van en promedio desde el 7 % hasta el 11 % del PIB por año, superiores a los montos requeridos en el mundo desarrollado.
A estas necesidades de financiamiento debe sumárseles el deterioro de los ingresos fiscales para los países que disponen de recursos fósiles. En América Latina y el Caribe, los ingresos fiscales por hidrocarburos alcanzaron en 2022 el 4,2 %; pero la importancia en países como Ecuador, Guyana y Trinidad y Tobago supera, para este año, el 9 % del PIB (OCDE, 2023). La descarbonización de la economía global reduce notablemente esa fuente de ingresos tributarios.
No podemos seguir subsidiando actividades que generan grandes problemas de sostenibilidad, como, por ejemplo, el consumo de los combustibles fósiles. Esos subsidios son regresivos, les llegan a los sectores que no lo necesitan, son malos desde el punto de vista de la sostenibilidad. Tenemos que conseguir que esos subsidios, que hoy demandan muchos recursos del Estado, se vayan desmontando.
Con base en entrevista a Mauricio Cárdenas
No hay, desde el punto de vista económico, justificaciones razonables para destinar presupuesto público para subsidiar el consumo de combustibles fósiles. […] Este es un elemento de política pública que no requiere ni siquiera tanta institucionalidad. […] Tenemos que abordar el problema desde una perspectiva económica tal vez más amplia.
Con base en entrevista a Juliano Assunção
Como respuesta, en un contexto de espacios fiscales menguados (ver capítulo 1), algunos Gobiernos tienen potenciales ahorros vinculados a la remoción de subsidios energéticos. Impuestos relacionados con el ambiente, tales como gravámenes a la energía, al transporte, a la contaminación y, en general, a las emisiones de carbono; así como la subasta de derechos de emisión también pueden otorgan fuentes de financiamiento para la transición verde.
En América Latina, los subsidios a la energía (tanto directos como indirectos) equivalen al 4,7 % del PIB, cifra que supera en más del doble los valores en los países más desarrollados (en torno al 2,2 %). Para los países con recursos minerales críticos para la transición energética, es posible que crezca de manera importante la recaudación asociada con la actividad minera.
En el agregado, se espera que las necesidades de financiamiento verde excedan estas potenciales fuentes de ingresos fiscales. Desafortunadamente, el financiamiento climático internacional suele ser muy limitado respecto a las necesidades de inversión y estar sesgado hacia la mitigación (Brassiolo et al., 2023). Los fondos multilaterales climáticos1 pueden ayudar a canalizar financiamiento hacia actividades verdes al aumentar la visibilidad de los aportes de cada país a las metas climáticas, además de contribuir a que un monto más elevado de los fondos tome la forma de transferencias no reembolsables o de créditos concesionales, es decir, aquellos que se otorgan en condiciones más favorables que las disponibles en el mercado financiero tradicional. Esto permite a los países en desarrollo atender los objetivos climáticos sin sacrificar recursos disponibles para otras metas de desarrollo. En efecto, el acceso a crédito concesional para algunos países parece clave para poder hacer inversiones de adaptación, especialmente en el ámbito de infraestructura resiliente2 (Arreaza et al., 2023).
La figura de bonos atados a objetivos climáticos también puede atraer fondos e inversores movidos por la conservación del ambiente. La experiencia pionera de Uruguay, con un bono emitido en octubre de 2022, apunta en esta dirección. Este bono incorpora una reducción en la tasa de interés asociada al buen desempeño en dos objetivos climáticos: la reducción de emisiones de GEI y la conservación de áreas de bosques nativos3 (Perelmuter, 2023).
Adicionalmente, el desarrollo de taxonomías verdes que sean precisas podría ayudar a aumentar la transparencia y mejorar la distribución de fondos (Allub et al., 2024). Las taxonomías verdes4 definen objetivos ambientales y establecen sectores, subsectores y actividades económicas que cumplen con ellos. Asimismo, fijan los criterios y umbrales que debe satisfacer cada actividad para ser considerada ambientalmente sustentable. Su principal utilidad es establecer un lenguaje común para las finanzas en este ámbito y dar una señal clara a los inversionistas y actores del sector público y privado acerca de qué es una inversión verde. Igualmente, facilitan la creación de marcos regulatorios que promueven la inversión y el desarrollo de actividades sostenibles y contribuyen al desarrollo de políticas alineadas con los objetivos de sostenibilidad y reducción de las emisiones.
Existen en la actualidad numerosas iniciativas a nivel global de taxonomías o clasificaciones verdes. Una de ellas es la de CAF, que identifica negocios verdes en diez sectores estratégicos y establece los criterios e indicadores que deben cumplirse para avanzar hacia negocios más sostenibles (Gómez García et al., 2022). Por su parte, la taxonomía de la Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI, por sus siglas en inglés), lanzada en 2014, sirve como guía en el desarrollo de criterios de certificación para sectores y actividades en la economía global.
En América Latina y el Caribe, Brasil fue el primer país en contar con una clasificación verde propia en 2015. A este se suman en la actualidad Colombia y México (desde 2022 y 2023, respectivamente) y varios países que se encuentran en proceso de elaborarla (por ejemplo, Argentina, Chile, Perú y República Dominicana).
En el ámbito más estructural, un desafío de la transición verde se asocia con los ajustes del mercado laboral, pues algunos sectores se expandirán y otros se contraerán. Los retos de este ajuste laboral se agravan por las diferencias en las habilidades requeridas entres los empleos verdes y los no verdes. Afortunadamente, la transición verde también trae importantes oportunidades para la región. Nuestro potencial para producir energía limpia y nuestra abundancia en minerales críticos para la transición energética supone un potencial de desarrollo productivo para atraer industrias e insertarnos en cadenas de valor de la energía limpia. Más generalmente, explotar los recursos naturales, incluida la gran biodiversidad de la región, se constituye en una enorme palanca para avanzar hacia el desarrollo sostenible y, a la vez, contribuir a aliviar los grandes desafíos globales que se presentan al planeta de cara a la sostenibilidad del ambiente5.