Adaptación al cambio climático y al deterioro de los ecosistemas

Los países de América Latina y el Caribe tienen realidades diversas, pero exhiben algunas características comunes con grandes implicancias para los impactos que la región enfrenta por el cambio climático y sus necesidades de adaptación.

Primero, como se discutió en los capítulos 1 y 3, las economías de la región muestran una gran desigualdad de ingresos y estos son, en general, medios o bajos. La elevada incidencia de la pobreza incrementa la necesidad de políticas públicas para reducir sus impactos en los grupos vulnerables. 

Segundo, la región exhibe un elevado y creciente nivel de urbanización, con una planificación inadecuada. También, muestra brechas de infraestructura básica, lo que incrementa sus necesidades de adaptación e intervenciones desde el Estado.

Tercero, en muchos países de la región, la población se concentra en zonas costeras, expuestas al aumento del nivel del mar y, por ende, a la mayor frecuencia e intensidad de las tormentas y las consecuentes marejadas. Este es, particularmente, el caso del Caribe, donde cerca de un quinto de la superficie y un 12 % de la población se encuentran a menos de 10 metros de elevación sobre el nivel del mar.

Cuarto, la estructura económica de la región es fuertemente dependiente del sector agropecuario, que representa un 15 % del empleo en promedio y ronda el 30 % en siete países (Brassiolo et al., 2023)¹. Este sector es particularmente vulnerable a los cambios ya experimentados y previstos en los regímenes de lluvia y temperaturas, resultado del calentamiento global.

Las políticas de adaptación buscan reducir los impactos del cambio climático en la salud, contribuir al bienestar, a la seguridad alimentaria, y a la conservación de la biodiversidad y la reducción de riesgos y daños (IPCC, 2022b). Considerando las características de la región, las prioridades de adaptación pueden ordenarse en tres grupos: sector agropecuario, ciudades e infraestructura resiliente y políticas focalizadas para poblaciones vulnerables. 

Las políticas para la adaptación en el sector agropecuario apuntan, en primer lugar, a fortalecer la resiliencia de los sistemas agrarios frente a los impactos del cambio climático, a través de prácticas que optimicen el uso del agua y del suelo, y que sean más resistentes a eventos climáticos extremos, como las sequías e inundaciones. Esto involucra el desarrollo de sistemas de información climática, la planificación del uso del suelo, incluyendo cambios en la elección de los cultivos según parcelas, el desarrollo y la adopción de variedades resistentes a los cambios esperados y el crecimiento de la superficie bajo riego en las zonas afectadas por estrés hídrico. La gestión hídrica requiere inversiones tanto en infraestructura tradicional como en soluciones basadas en la naturaleza: presas para el almacenamiento de agua para riego y la prevención de inundaciones, construcción y ampliación de la capacidad de cursos de agua para mejorar el drenaje, y el apalancamiento en ecosistemas –manglares, humedales interiores, bosques– para moderar los ciclos hídricos (Brassiolo et al., 2023; IPCC, 2022b).

En segundo lugar, es preciso desarrollar y profundizar el acceso a mecanismos de aseguramiento y al crédito. Los seguros agrícolas, el financiamiento a la producción y los mercados de futuros permiten mejorar la gestión de riesgos de los productores agropecuarios y levantar las barreras financieras que impiden las inversiones necesarias.

En el sector urbano y de infraestructura, la planificación y gestión territorial y el desarrollo de infraestructura resiliente son los instrumentos de mayor importancia. La planificación de la expansión urbana y de infraestructura (ej., de transporte, energía y comunicaciones) debe tener en cuenta los posibles cambios en las condiciones climáticas, contemplando la incertidumbre asociada a los escenarios previstos. Adicionalmente, los sistemas de información tienen un rol destacado para guiar las decisiones de familias y desarrolladores, incluyendo la difusión de información sobre los riesgos ambientales con granularidad espacial y los sistemas de pronósticos y alertas tempranas (De la Mata et al., 2022).

Al hablar de infraestructura resiliente se hace referencia a la capacidad que esta tiene para enfrentar condiciones ambientales extremas (lluvias, vientos, marejadas), lo que se obtiene, por ejemplo, mediante una mayor resistencia o un mejor emplazamiento. Algunas dimensiones clave donde se requiere mayor resiliencia son la infraestructura para prevenir la erosión costera (ej. malecones), la infraestructura para drenaje de precipitaciones en ciudades, las redes de transmisión y distribución eléctrica que sufren pérdidas de eficiencia por altas temperaturas y deben adaptar su consumo a las necesidades de refrigeración, y la transición energética, entre otras. 

El Caribe está justo en medio del cinturón de huracanes del Atlántico, y la temporada va de junio a noviembre. Así que, cada año, habrá al menos un huracán que golpee las islas del Caribe, a veces más de uno, y pueden ser muy destructivos. Y muchas de estas islas son pequeñas, por lo que les es difícil resistir sus efectos. […] No hay nada que las islas del Caribe puedan hacer al respecto. Tienen que tratar de construir viviendas resistentes a huracanes, asegurarse de tener sistemas de drenaje adecuados, pero no hay mucho que puedan hacer excepto prepararse.

Con base en entrevista a Colm Imbert

Quiero que nos movamos hacia soluciones que construyan las estructuras, que inviertan en las tecnologías que necesitamos para asegurarnos de que nuestros sistemas de alerta temprana sean lo más fuertes posible y que nuestros sistemas para reconstruir y reagrupar sean lo más sólidos posible.

Con base en entrevista a Karen-Mae Hill

Las soluciones basadas en la naturaleza (o infraestructura verde) tienen un rol central en la adaptación en ciudades y costas y reducen las necesidades de infraestructura tradicional (o gris). Por ejemplo, la reapertura de cursos de agua urbanos junto a áreas verdes permite moderar los ciclos hídricos y prevenir inundaciones; la restauración de manglares, arrecifes de coral y barreras de ostras permiten absorber la energía de las olas y reducir la erosión costera; la restauración y remoción de escombros y desechos de quebradas y cursos de agua reduce el riesgo de inundaciones.

La planificación territorial en el ámbito urbano debe implementarse de manera efectiva. Esto implica desafíos en la región, puesto que las ocupaciones informales son recurrentes y tienden a emplazarse en sitios de elevada exposición a riesgos ambientales. Las políticas en el ámbito urbano focalizadas en grupos vulnerables deben abordar el doble desafío de la mejora en la calidad de las viviendas y el entorno de los vecindarios informales. Esto amplifica su capacidad de adaptación, a la vez que evita el crecimiento en regiones con alta exposición a riesgos, donde la adaptación conlleva costos elevados. Las políticas para mejorar la inclusión laboral (capítulo 3), aumentando los ingresos y diversificando sus fuentes, son fuertemente complementarias para los objetivos de adaptación climática.