Políticas para las primeras décadas de vida
La formación equitativa de capital humano es un pilar fundamental para la construcción de sociedades más inclusivas y prósperas. Las brechas socioeconómicas en el desarrollo de habilidades comienzan desde los primeros momentos de la vida y se mantienen a lo largo de la infancia y la adolescencia (Berniell et al., 2016; De la Mata et al., 2022). El gráfico 3.3 muestra la asociación entre el nivel socioeconómico del hogar en el momento del nacimiento y dos indicadores clave del desarrollo infantil: nutrición y desempeño cognitivo, evaluados en el mismo grupo de niños en Perú en distintas etapas de su infancia y adolescencia. Los valores más altos denotan mayor asociación entre la riqueza del hogar y el índice de desarrollo. Los datos muestran que las disparidades socioeconómicas en habilidades se manifiestan mucho antes de que los niños ingresen a la educación formal1 y se mantienen sin grandes cambios hasta los 15 años, cuando se realiza la última medición2.
Gráfico 3.3 Asociación entre riqueza del hogar al nacer y medidas de desarrollo infantil en las primeras dos décadas de vida (Perú)
El RED 2016 (Berniell et al., 2016) discute diversas razones que justifican la intervención estatal en la promoción del desarrollo de los niños y jóvenes. Las políticas dirigidas a las primeras etapas de la vida deben enfocarse en mejorar las condiciones de acumulación de capital humano, aliviando las principales barreras que enfrentan las familias y que, como se ha señalado, son esencialmente las financieras, el tiempo, la falta de aseguramiento ante eventos de salud y los obstáculos de conocimiento e información3. Un enfoque integral debe tener en cuenta la diversidad de contextos socioeconómicos, étnicos y geográficos de la región y contemplar las múltiples etapas del desarrollo infantil, desde la primera infancia hasta la educación superior. Este conjunto de políticas puede tener enormes retornos sociales y ser costoefectivo, como se ha mostrado en países en desarrollo (Deming, 2022; Hendren y Sprung-Keyser, 2020). A continuación, se describen algunas de las estrategias más prometedoras para reducir estas brechas en tres grandes etapas de la infancia y la juventud: primeros seis años de vida, período de educación básica primaria y secundaria, y período de educación postsecundaria.
La financiación de la primera infancia es la mejor inversión que cualquier gobierno puede hacer. […] si uno invierte en los niños pequeños, las brechas entre los más y los menos vulnerables no emergen […] hay un gran acuerdo social alrededor de la primera infancia algo que no ocurrió con la educación primaria y secundaria en los países de Latinoamérica […] Los países de Latinoamérica trabajan juntos para diseñar políticas e intercambian buenas prácticas en lo relativo a la implementación de programas de primera infancia.
Con base en entrevista a Raquel Bernal
Mejorar las condiciones para la formación de capital humano en la infancia y la adolescencia
El desarrollo adecuado del capital humano comienza en los primeros años de vida e impacta directamente en el bienestar y en el éxito económico durante la vida adulta. Como destaca el gráfico 3, las disparidades en habilidades se manifiestan mucho antes de que los niños ingresen a la educación formal, resaltando la importancia de intervenir en los primeros años de vida y en el período preescolar. Así se previene que estas brechas se amplíen y se vuelvan más difíciles de cerrar en etapas posteriores. Es por ello que las tasas de retorno social de estas inversiones pueden ser particularmente altas (Cunha y Heckman, 2007).
Transferencias condicionadas de ingreso
Un primer conjunto de políticas para aliviar las restricciones financieras incluye subsidios, transferencias o la provisión de bienes y servicios orientados al desarrollo infantil. De este paquete de herramientas, debe destacarse el rol que tienen las transferencias monetarias condicionadas en los países de la región, con programas actualmente vigentes en 19 países, que en la última década han cubierto al 20 % de la población latinoamericana y caribeña4. Estos programas tienen un doble objetivo: aliviar la pobreza de manera inmediata mediante transferencias a familias vulnerables y promover el capital humano mediante la condicionalidad en aspectos como escolarización, atención médica y nutrición (Cecchini y Atuesta, 2017). Se afecta así uno de los principales canales de la reproducción intergeneracional de la desigualdad y, potencialmente, se reduce la necesidad de asistencia gubernamental en el futuro. La evidencia demuestra su efectividad en la mejora de indicadores de educación y salud infantil a corto y largo plazo (ver recuadro 3.1).
Recuadro 3.1 Efectividad de las transferencias de ingresos condicionadas
Los programas de transferencias de ingresos condicionadas son un ejemplo claro de la innovación en la política social en ALyC. La región ha sido pionera en su implementación a gran escala desde la década de 1990. Desde entonces, estos programas se han convertido en insignia en muchos países (Millán et al., 2019). Su éxito ha inspirado a otros países fuera de la región a adoptar programas similares. Actualmente, representan, en promedio, un gasto del 0,26 % del PIB.
Diversas evaluaciones de impacto respaldan el uso de las condicionalidades. Baird et al. (2019), a partir de una revisión de 75 estudios sobre 35 programas, muestra que las condicionalidades explícitas, monitoreadas eficazmente e implementadas con sanciones, aumentan significativamente el impacto en la matrícula escolar, en comparación con programas sin condiciones. Evaluaciones rigurosas en Brasil, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Honduras, Chile y Jamaica muestran efectos positivos a corto plazo en educación y acceso a servicios de salud para los niños beneficiarios (Fiszbein y Schady, 2009). Estos resultados muestran que estos programas no son solo relevantes en la primera infancia, sino a lo largo de todo el ciclo educativo. Estos pueden jugar un papel crucial en etapas del ciclo educativo donde la deserción escolar se agudiza, como la entrada a la educación secundaria (De Janvry y Sadoulet, 2006).
Recientemente, se han comenzado a estudiar los efectos a largo plazo, con resultados prometedores en Nicaragua, donde los niños beneficiarios acumulan más años de educación en la vida adulta. También se observa una mayor probabilidad de completar la educación primaria o secundaria en Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y México (Attanasio et al., 2021; Millán et al., 2019). Sin embargo, los impactos en la trayectoria laboral son menos consistentes (Millán et al., 2019). Algunos estudios sugieren un aumento significativo en los ingresos laborales a largo plazo, especialmente relacionado con mayores niveles educativos (Barham et al., 2018, 2024 para Nicaragua; Behrman et al., 2011; Parker y Vogl, 2023 para México; Laguinge et al., 2024 para Brasil). Otros estudios no encuentran efectos significativos en el desarrollo laboral de los beneficiarios (Araújo et al., 2019; Baird et al., 2019; Filmer y Schady, 2014). La persistencia de obstáculos que encuentran los beneficiarios de estos programas en el mercado laboral podría estar más relacionada con las barreras estructurales de la región que con el diseño de los programas. Aun así, se necesitan más análisis sobre los efectos a largo plazo para optimizar su impacto.
Promoción de la salud materno-infantil y de adolescentes
Las condiciones de vida al nacer están fuertemente influenciadas por el entorno del hogar y la situación económica de los padres, no solo durante la gestación sino, incluso, desde antes de la concepción. Las políticas de salud materno-infantil, que aseguren un desarrollo saludable desde el embarazo, son cruciales para reducir las brechas desde la raíz. Estas incluyen programas de atención prenatal, suplementación nutricional para madres embarazadas y lactantes, y seguimiento pediátrico regular en los primeros años de vida.
El aumento del aseguramiento no contributivo en salud durante las últimas décadas tuvo impactos significativos en la reducción de la mortalidad infantil, en la salud de los recién nacidos, en el acceso a servicios –fundamentalmente en la población materno-infantil–, en la disponibilidad de servicios médicos más eficientes y en la reducción de gastos de bolsillo, es decir, aquellos que debe cubrir la familia por su cuenta. Estos efectos han sido ampliamente documentados en diversos países de la región5. Como efecto colateral, aquellos programas cuyos beneficios están atados a la condición de no recibir cobertura mediante los sistemas contributivos suelen desincentivar de manera moderada la búsqueda de empleo en el sector formal de la economía (Camacho et al., 2014; Conti et al., 2018).
Los programas de planificación familiar juegan aquí un papel clave en garantizar que los hijos nazcan en un entorno donde los padres puedan proporcionar el cuidado y las inversiones necesarias para su desarrollo. En América Latina y el Caribe, según datos de las Encuestas de Demografía y Salud (DHS), cerca de la mitad de los embarazos no son planeados y las familias más desfavorecidas enfrentan mayores barreras para la planificación familiar debido a la falta de acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud reproductiva de calidad, y a la limitada educación sexual integral en los entornos escolares y familiares.
El embarazo adolescente es uno de los desafíos más críticos en la región, al punto que presenta una de las tasas más altas a nivel mundial. La tasa de fecundidad adolescente en 2022 muestra que 52 de cada mil mujeres de entre 15 y 19 años tuvo un hijo, contra un valor de 18 para los países de la OCDE y de 9 para los países de altos ingresos (Banco Mundial, 2024). El embarazo adolescente implica, además, una marcada desigualdad según el nivel socioeconómico (gráfico 4). La perpetuación de estos embarazos adolescentes en los sectores más vulnerables refuerza las desigualdades intergeneracionales (Machado et al., 2023), ya que las madres jóvenes suelen enfrentar mayores dificultades, por ejemplo para completar su educación, lo que impacta negativamente en sus oportunidades laborales, repercutiendo en el desarrollo de sus hijos (De la Mata et al., 2022). Fortalecer las políticas de prevención del embarazo adolescente y los programas de educación sexual integral es esencial para abordar este problema.
Gráfico 3.4 Porcentaje de mujeres de 25 a 49 años que tuvieron su primer hijo cuando eran adolescentes, por quintil de riqueza del hogar
Intervenciones tempranas y acompañamiento familiar
El involucramiento de las familias es crucial para el desarrollo infantil. Sin embargo, este se ve limitado a menudo por la falta de información sobre la importancia del desarrollo en la niñez y el rol de la propia familia en la formación de habilidades (Bernal y Fernández, 2013). Los programas de acompañamiento familiar, como visitas domiciliarias de profesionales de la salud o trabajadores sociales, pueden ser muy efectivos, pues proporcionan a los padres la información clave sobre desarrollo infantil, estimulación temprana y cuidado adecuado, adaptados a su contexto. En zonas con acceso limitado a centros de cuidado, estas políticas son especialmente valiosas (Attanasio et al., 2024).
El programa Reach Up and Learn en Jamaica es un caso innovador y referente para la región. Sus impactos positivos se han sostenido, incluso, durante la vida adulta de los beneficiarios (Gertler et al., 2014; Grantham-McGregor et al., 1991). Siguiendo este ejemplo, Colombia realizó una implementación a mayor escala de este modelo en una población vulnerable, aunque no mantuvo los efectos iniciales dos años después de completada la intervención (Andrew et al., 2018). Basado en las lecciones de Colombia, el modelo fue adaptado para ser implementado a nivel nacional en Perú con el programa Cuna Más. Evaluaciones rigurosas de este programa son alentadoras, mostrando impactos positivos en el desarrollo infantil hasta dos años después de la intervención (Araujo et al., 2021).
Oferta de servicios de cuidado y educación preescolar
Contribuir a la estimulación temprana de los niños entre 0 y 3 años también es posible mediante la oferta de servicios de cuidado infantil. En este período, la educación formal todavía no es obligatoria, de manera que la oferta pública de estos servicios sería clave para aliviar las restricciones monetarias de los hogares vulnerables. Dos factores importantes para el éxito de estas intervenciones emergen de la evidencia: la escala de la intervención y el grupo destinatario. A gran escala, estos programas suelen perder calidad, especialmente en la profesionalización de los cuidadores y el seguimiento cercano, lo que es crítico para lograr un impacto significativo. Esto es relevante en América Latina, donde la profesionalización de cuidadores sigue siendo un pendiente (Andrew et al., 2016). Estudios en Bolivia, Ecuador y Perú muestran que muchos centros no cumplen con estándares mínimos de calidad, particularmente en aspectos como el desarrollo cognitivo y del lenguaje (Berlinski y Schady, 2015). Invertir en la calidad docente en este ciclo puede generar grandes beneficios, como lo demuestra un estudio en Ecuador (Araujo et al., 2016). Por otro lado, los impactos positivos de estos programas suelen concentrarse en los grupos más desfavorecidos, por lo que su expansión debe priorizarse con una buena focalización (Bernal y Ramírez, 2019; Hojman y Boo, 2022).
La educación formal preescolar es un pilar central para la formación del capital humano en los primeros años de vida. La expansión de su cobertura es uno de los grandes desafíos en la región ya que, si bien es obligatoria en todos los países –generalmente entre los 4 y 5 años–, muchos aún están lejos de alcanzar la universalidad. El gráfico 5 muestra la tasa de matrícula bruta entre los 3 y 5 años en diversos países de la región6, destacándose por su alta cobertura Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay. No obstante, existe un marcado gradiente socioeconómico en toda la región, con un claro rezago en la tasa de asistencia de los niños de los hogares más pobres. Esta disparidad se ha agravado en el período pospandemia, especialmente en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, donde la tasa de matrícula de los niños de los hogares más vulnerables ha experimentado una caída pronunciada, exacerbando las desigualdades.
Tenemos todavía gran camino que recorrer, en especial porque los presupuestos que se destinan a la inversión en educación inicial son todavía muy bajos.
Con base en entrevista a Raquel Bernal
Expandir la oferta de educación preescolar puede tener importantes retornos sociales, como se desprende de las experiencias en la región. Las cohortes afectadas por expansiones han mostrado mayor rendimiento en la educación primaria en Argentina (Berlinski et al., 2009) y, en los años acumulados de escolarización, en Uruguay (Berlinski et al., 2008). Los programas de construcción de nuevas infraestructuras, que pueden ser necesarios para aumentar la oferta, tienen un componente de costos importante. Sin embargo, dados los efectos positivos y significativos en diversas dimensiones y en el largo plazo, este tipo de programas podrían resultar costoefectivos (Berniell et al., 2016).
El gran problema de la región sigue siendo la calidad. […] La calidad de la educación inicial tiene unas particularidades que son ligeramente distintas de la calidad en el resto de niveles educativos. […] Dos puntos básicos para garantizar la calidad de la educación incial: lo primero es que los programas de educación inicial tengan currículos muy específicos, muy prescriptivos, con diseños de resultados de aprendizaje claros; segundo, la formación y el desarrollo profesional de los docentes.
Con base en entrevista a Raquel Bernal
Gráfico 3.5 Asistencia escolar entre los 3 y 5 años (tasa de matrícula bruta), promedio y por nivel socioeconómico (quintil de ingreso del hogar)
Además de aliviar la carga económica de las familias, la expansión de la oferta educativa entre los 0 y 5 años permite a los padres, en particular a las madres, quienes asumen la mayor carga de cuidados, participar en el mercado laboral sin comprometer el cuidado de sus hijos (Berlinski et al., 2011; Berlinski y Galiani, 2007; Morrissey, 2017). El tiempo de calidad compartido entre padres e hijos es crítico para el desarrollo temprano. Este tipo de políticas, junto con otras relacionadas con el mercado laboral formal (como licencias de maternidad/paternidad, licencias por enfermedad de los hijos y la posibilidad de teletrabajo), juegan un rol fundamental en la conciliación entre el trabajo y la crianza, garantizando que los padres dispongan de suficiente tiempo para invertir en sus hijos. Debido a la alta informalidad laboral presente en los grupos más vulnerables, las políticas de oferta de cuidado y de educación preescolar tienen un gran potencial para aliviar la restricción de tiempo en estos hogares.
Provisión de servicios básicos en la vivienda y el entorno
Es fundamental garantizar que los hogares tengan acceso a servicios públicos esenciales como agua potable, saneamiento, fuentes de energía de calidad y espacios recreativos. Estas condiciones mínimas ofrecen a las familias un entorno saludable para el desarrollo de sus hijos. Los avances en la reducción de la mortalidad infantil y la desnutrición crónica en las últimas décadas han sido impulsados, en gran medida, por las inversiones estatales en infraestructura (Berlinski y Schady, 2015). La provisión de agua potable, en particular, ha demostrado ser crucial en la reducción de la mortalidad y en la mejora de la salud infantil (Waddington y Snilstveit, 2009; Wolf et al., 2018).
Sin embargo, las condiciones de acceso a los servicios básicos en la región siguen siendo preocupantes. Casi uno de cada cuatro latinoamericanos y caribeños vive en asentamientos informales que, por su condición, presentan bajos niveles de cobertura de servicios básicos domiciliarios, como agua, saneamiento y energía. Un alto porcentaje de hogares en la región no tiene acceso a electricidad, especialmente en las áreas rurales. Todavía es muy frecuente en los hogares más pobres el uso de energías sucias para cocinar y elevar la temperatura de las viviendas, como la leña y el keroseno, las cuales tienen efectos negativos importantes en la salud (Álvarez et al., 2024).
Una infraestructura pública adecuada tiene la ventaja de facilitar la resiliencia de los hogares frente a los impactos climáticos. Pero la calidad del espacio físico afecta también la forma en que se da la interacción con otras personas. Estas características del entorno no son solo importantes en la primera infancia, sino también en la adolescencia, otra de las etapas críticas en la formación de habilidades. La capacidad de los individuos y de los hogares para modificar su entorno es limitada, y por ello el rol estatal es central (Berniell et al., 2016).
Incrementar calidad y la pertinencia en la educación básica
América Latina y el Caribe ha logrado avances significativos en la cobertura de la educación básica. La primaria se ha universalizado en gran parte de la región y la cobertura de la secundaria ha aumentado considerablemente (gráfico 6. A). Mejorar las tasas de finalización de la educación secundaria sigue siendo un reto pendiente. Pero más allá de la cobertura, uno de los problemas más críticos que ha surgido es la calidad y pertinencia de los currículums respecto a las habilidades demandadas en los mercados laborales.
Los estudiantes en América Latina y el Caribe no están alcanzando niveles básicos en áreas clave como lenguaje y matemáticas. Las pruebas estandarizadas PISA muestran bajo rendimiento en todos los países de América Latina y el Caribe, a lo que se suma la marcada brecha por nivel socioeconómico (gráfico 6. B.), producto tanto del impacto del entorno familiar como de la calidad educativa. La segregación escolar en América Latina y el Caribe basada en características socioeconómicas es extremadamente alta, como se ha documentado en el RED 2022 (De la Mata et al., 2022). Esta segregación es evidente en la división entre educación pública y privada, lo que genera disparidades en la calidad y limita la interacción entre grupos de distintos contextos socioeconómicos, perpetuando las desigualdades y reduciendo la cohesión social.
Para enfrentar estos desafíos, es fundamental implementar políticas orientadas a mejorar la calidad docente mediante programas de formación continua y mayores incentivos, especialmente en el sector público, donde se concentran los estudiantes más vulnerables. Mejorar la enseñanza docente puede potenciarse con diversas estrategias prometedoras, como el enfoque en áreas fundamentales (matemáticas y comprensión lectora), la implementación de tutorías a grupos pequeños y el uso de tecnologías para el aprendizaje adaptativo, lo que permite enseñar al nivel del estudiante y no solo al nivel del currículo (Berniell et al., 2021).
También es necesario invertir en la infraestructura escolar, particularmente en las zonas más desfavorecidas, y actualizar los currículos escolares para desarrollar tanto habilidades básicas como competencias que respondan a las demandas cambiantes del mercado laboral (recuadro 3.2). Finalmente, es esencial monitorear y abordar activamente la segregación escolar, promoviendo una educación inclusiva que brinde a todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, igualdad de oportunidades para alcanzar una educación de calidad.
Todos vamos a tener que ser alfabetizados en lo digital. […] estoy convencida de que, a pesar de tanta tecnología, de la inteligencia artificial y la manera como nos transforma, lo que en el futuro seguirá siendo totalmente importante, y quizás más, son las competencias transversales, porque realmente va a ser muy difícil mantenerse al ritmo con tanta tecnología, y lo rápido que va a salir. Y dentro de esas competencias perdurables, creo que de las más importantes será el aprender a aprender.
Con base en entrevista a Raquel Bernal
Gráfico 3.6 Cobertura y calidad de la educación
A. Cobertura: Distribución del máximo nivel educativo alcanzado de latinoamericanos y caribeños nacidos entre 1960 y 1989
B. Calidad: Porcentaje de estudiantes que no alcanzan un nivel mínimo de desempeño en matemática en las pruebas PISA 2022, por nivel socioeconómico (cuartil del índice de estatus socioeconómico ESCS)
Recuadro 3.2 Brechas de habilidades digitales
En una economía moderna y crecientemente tecnologizada, las habilidades digitales tomarán un rol cada vez más preponderante. Dalio, et. al, (2023), estudiando esta temática, establecen que la competencia en el ámbito digital está dada por la habilidad de acceder, administrar, integrar, comunicar, evaluar y crear información de modo seguro y apropiado a través de tecnologías digitales para obtener un empleo, ejercer un trabajo decente y emprender. Con base en esta premisa, y utilizando datos publicados por UIT (2022), es posible dividir las habilidades digitales según diferentes niveles de complejidad.
Figura 3.2 Habilidades digitales por país y por nivel de complejidad
Nota: No se cuenta con datos en Chile para medir el porcentaje de la población con habilidades básicas. El indicador de habilidades digitales para tareas básicas se construye como el conjunto de las siguientes destrezas: copiar o mover un archivo o carpeta; usar herramientas de copiado y pegado para duplicar o mover información dentro de un documento, y enviar mails con archivos adjuntos. Tareas intermedias se construye como el conjunto de las siguientes habilidades: usar fórmulas aritméticas básicas en hojas de cálculo; conectar e instalar nuevos dispositivos, y crear presentaciones digitales utilizando un software hecho para este fin. Tareas avanzadas se construye como el conjunto de las siguientes habilidades: escribir códigos de programación usando lenguajes de programación especializados; encontrar, descargar, instalar y configurar un software, y transferir archivos entre computadoras y/o dispositivos.
Fuente: Dalio et al. (2023).
Se observa una brecha significativa entre los países de la OCDE y los países de la región en todos los conjuntos de habilidades analizadas. Dentro de ALyC también se observa variabilidad: Chile es el país con mejores resultados (superando incluso al promedio de países OCDE), y Brasil se posiciona al final del ranking en todas las categorizaciones. Estas brechas requieren ser abordadas de manera sistemática, con políticas educativas que promuevan competencias digitales para la vida y el trabajo en un mundo cada vez más interconectado y tecnológicamente avanzado. En su momento, el acceso a computadoras y conectividad desde las escuelas eran las mayores barreras en la región para avanzar con la agenda de digitalización. Hoy en día se requiere, además, la actualización de los currículos educativos para integrar competencias digitales de manera transversal en todas las materias, enfocándose en el uso crítico y creativo de la tecnología. Asimismo, es crucial invertir en la formación continua de los docentes, brindándoles las herramientas pedagógicas y técnicas necesarias para enseñar estas habilidades de forma efectiva y adaptada a las realidades locales.
Aumentar el acceso de grupos vulnerables a la educación postsecundaria
Los países de la región han hecho importantes esfuerzos para expandir la oferta de educación superior creando nuevas instituciones y promoviendo las oportunidades de financiamiento mediante becas –en algunos casos incluyendo la gratuidad– y créditos (Ferreyra, 2017). Sin embargo, persisten grandes desafíos para la inclusión de los grupos menos aventajados, para quienes alcanzar niveles educativos superiores sigue siendo difícil. Datos recientes del RED 2022 revelan que solo 14 de cada 100 jóvenes nacidos en la década de 1990, cuyos padres no tuvieron educación universitaria, logran completar estudios superiores. Entre aquellos cuyos padres completaron la educación secundaria o superior la probabilidad es tres veces más alta (46 de cada 100 logran completar estudios superiores) y la brecha sigue aumentando (gráfico 7). Aunque parte de esta desigualdad se explica por una menor acumulación de habilidades previas y la no finalización de la secundaria, existen otras barreras significativas, como obstáculos financieros, falta de información, limitaciones en la oferta educativa y diferencias en expectativas.
Gráfico 3.7 Probabilidad de completar la educación universitaria a los 25 años según el nivel educativo de los padres en América Latina y el Caribe, para cohortes nacidas entre 1930 y 2000
Se hace urgente abordar esta disparidad cuando se considera la prima salarial asociada a la educación superior en la región. Las diferencias salariales entre quienes tienen educación superior y quienes solo completaron la secundaria, son amplias. En promedio, en 2022, los trabajadores con educación superior completa recibían un salario horario un 100 % más alto que los trabajadores que solo poseían educación secundaria completa (gráfico 8). Estas diferencias son mayores que en los países de la OCDE (Fernández et al., 2024). En algunas economías como Brasil, Chile, Colombia y México, esta prima supera el 200 %. Además, se observa una caída en la prima asociada a la educación secundaria respecto a la educación primaria, lo que sugiere que alcanzar solo este nivel educativo puede no ser suficiente para garantizar oportunidades laborales de mayor calidad.
Gráfico 3.8 Aumento porcentual del salario horario al completar cada nivel educativo (respecto a nivel educativo anterior), promedio regional, por género
Las políticas para mejorar el acceso a la educación postsecundaria deben derribar tanto las barreras financieras como las no financieras. Son fundamentales políticas integrales que reconozcan la interconexión de los factores que influyen en el acceso y el éxito en la educación superior. Además, dada la heterogeneidad de los sistemas educativos y los contextos socioeconómicos en América Latina y el Caribe, es esencial que estas intervenciones se adapten a las realidades locales.
En cuanto a la oferta, la expansión estratégica de instituciones públicas y programas de ciclo corto –como tecnologías, técnicas o certificaciones– ha demostrado potencial para aumentar la matrícula, especialmente en áreas geográficamente desatendidas (Ferreyra, 2017). En Uruguay, la expansión de campus universitarios incrementó la matrícula y la proporción de graduados de primera generación (Lavy et al., 2024). Los programas de ciclo corto en educación superior son relativamente escasos en nuestra región (Ferreyra et al., 2021). Una excepción es Colombia, donde aproximadamente el 30 % de la matrícula de educación superior corresponde a este tipo de programas, los cuales han mostrado retornos positivos en ingresos y empleo formal, especialmente para las mujeres, aunque negativos para los hombres (Ferreyra et al., 2022).
Otro camino [para el acceso a la educación postsecundaria] puede ser la atención de estudiantes a través de trayectorias diferentes a la profesional: técnica, tecnológica, aprendizaje flexible en ciclo corto o certificación de competencias, para que las personas puedan ir construyendo un perfil de competencias con la capacidad financiera que tengan en ese momento.
También es muy importante que las universidades de alta calidad estén presentes en los territorios […] en la era digital estas universidades de alta calidad van a poder ofrecer contenidos si los países garantizan conectividad de muy alta calidad, aunque no estén físicamente ubicadas en todas las partes del país.
Con base en entrevista a Raquel Bernal
Es crucial también reforzar los sistemas de aseguramiento de la calidad en conjunto con políticas que difundan información sobre el desempeño de los graduados en el mercado laboral, según la institución y el título obtenido, para guiar las decisiones de los estudiantes. Estas políticas podrían ayudar a revertir fenómenos como los documentados en Chile y Colombia, donde la fuerte expansión de la educación postsecundaria no siempre ha ido acompañada de aumentos en los retornos individuales de esta inversión. Una proporción significativa de graduados podría estar enfrentando retornos negativos (González-Velosa et al., 2015). Este problema es particularmente grave en los títulos técnicos superiores, que suelen ser accesibles para los estudiantes más desfavorecidos.
Se expandió la cobertura universitaria sin mucho cuidado de la calidad. Y esa cobertura mayor sin calidad es muy peligrosa porque no estamos cumpliendo la promesa de esos jóvenes. Después, ellos se van a graduar, no van a encontrar trabajo ni los salarios que esperaban y creo que esa gran frustración es muy preocupante para las democracias.
Con base en entrevista a Raquel Bernal
Antes de pensar en la educación y en las políticas de capital humano, los países de Latinoamérica tenemos un grave problema: la falta de claridad en los proyectos productivos de país que estamos buscando.
Con base en entrevista a Raquel Bernal
En cuanto a la demanda, las becas basadas en necesidad y mérito, así como los créditos educativos con condiciones favorables, pueden aumentar significativamente el acceso y la permanencia en la educación superior. El programa Ser Pilo Paga, en Colombia, es un ejemplo exitoso de cómo un enfoque integral de financiamiento puede mejorar la matrícula en universidades de alta calidad, con efectos positivos en graduación, aprendizaje y empleabilidad (Londoño-Vélez et al., 2020, 2023).
Respecto a los créditos, es esencial que los mecanismos de financiamiento consideren los riesgos que enfrentan las familias de bajos ingresos y la volatilidad del mercado laboral. Debe asegurarse que los niveles de endeudamiento sean sostenibles, dadas las condiciones estructurales de la región. En las últimas décadas, la mayoría de los países desarrollaron una variedad de programas de créditos para estudiantes destinados a ayudar con la matrícula a aquellos pertenecientes a grupos de bajos ingresos, pero, con algunas excepciones, se sabe poco sobre su cobertura y sostenibilidad (Espinoza, 2013).
El financiamiento es el gran reto para el acceso y el impacto de la educación superior en Latinoamérica y en el mundo. […] Lo que ha funcionado típicamente en otros países es el Pago Contingente al Ingreso, es decir, el estudiante se forma de manera gratuita y repaga cuando ya tiene un empleo. […] Se deben establecer fondos de financiamiento para la educación superior que tengan aportes de todos los sectores.
Con base en entrevista a Raquel Bernal
La literatura reciente también resalta la importancia de abordar barreras no financieras. Intervenciones informativas sobre los beneficios de la educación superior, los procesos de admisión y las opciones de financiamiento pueden incrementar las aspiraciones y la matrícula de manera costoefectiva (Dinkelman y Martínez, 2014).
Atender las brechas regionales y étnico-raciales
Las políticas de inclusión social, especialmente las enfocadas en la formación de capital humano, deben atender las brechas étnico-raciales que muchas veces han sido desatendidas por la falta de información que permita identificar a estas poblaciones (Albina et al., 2024). Las comunidades afrodescendientes e indígenas muestran, de manera sistemática, menores logros educativos en la mayoría de los países de la región (gráfico 9. A.). En este caso, políticas de acción afirmativa, como por ejemplo, aquellas para el acceso a la educación superior y los programas de apoyo académico y socioemocional, han mostrado resultados prometedores. En Brasil, las cuotas para el ingreso a la universidad para estudiantes de escuelas públicas y grupos étnicos subrepresentados han tenido impactos positivos (Estevan et al., 2019; Oliveira et al., 2024). A pesar de los posibles desajustes iniciales por falta de preparación (Arcidiacono et al., 2012, 2016), los beneficiarios logran graduarse aproximadamente en la misma proporción que sus compañeros no beneficiarios (Oliveira et al., 2024). Por su lado, las cuotas en una universidad de élite en Brasil generaron un aumento modesto en ingresos al inicio de la carrera, pero estos efectos se desvanecen con el tiempo (Machado et al., 2023), lo que demuestra que estas políticas requieren evaluaciones y ajustes para maximizar su impacto.
La ubicación geográfica es otro determinante clave de las oportunidades de formación de capital humano en la región (De la Mata et al., 2022). La división urbano-rural es la manifestación más clara de las brechas regionales, con áreas rurales enfrentando mayores desafíos en términos de acceso a educación de calidad y servicios básicos. Pero las brechas son amplias, incluso, entre distintas áreas urbanas dentro de los países. Por ejemplo, hay una considerable variación geográfica en el porcentaje de personas que completan, al menos, la educación secundaria (gráfico 9. B.). Del desglose de esta variación, el 54 % se atribuye a diferencias dentro de los países y el 46 % a diferencias entre países (Berniell et al., 2024). Factores como la oferta educativa limitada y las restricciones que enfrentan las familias para invertir en educación en áreas de bajo desarrollo económico, explican esta dispersión. Por ello, es imprescindible que las políticas de inclusión adopten un enfoque territorial, reconociendo y abordando las particularidades de cada región.
Gráfico 3.9 Brechas étnico-raciales y regionales
A. Diferencias en la probabilidad de tener estudio secundario completo, por país y etnia, respecto a mestizo/blanco
B. Porcentaje de individuos que completaron al menos la educación secundaria en unidades geográficas subnacionales de los países de América Latina y el Caribe (personas nacidas entre 1980 y 1989)
