3. Balance y perspectivas de la inclusión social para construir sociedades más equitativas

Mensajes clave

• En ALyC, el 30 % de la población vive en pobreza, y la región se destaca por ser una de las más desiguales en ingresos y riqueza, especialmente en áreas rurales y entre poblaciones indígenas y afrodescendientes.

• Un pilar fundamental de las políticas de inclusión debe ser la garantía de igualdad de oportunidades. Sin embargo, en la región, persisten numerosas barreras que obstaculizan esta igualdad, contribuyendo significativamente a las brechas socioeconómicas en diversas dimensiones del bienestar. Por ello, las políticas redistributivas ex post siguen desempeñando un papel crucial.
  
• Se requiere un conjunto amplio de políticas públicas para superar las barreras estructurales que frenan la inclusión social, asegurando oportunidades clave para que los grupos desfavorecidos desarrollen capital humano, accedan a empleos de calidad, fortalezcan su capacidad de ahorro y adquisición de activos esenciales, y cuenten con la protección de ingresos, salud y cuidados en la vejez.
  
• La primera infancia representa una etapa crítica de intervención para cerrar las marcadas brechas en capital humano. Políticas exitosas en la región, como las transferencias condicionadas de ingresos y la expansión de servicios de salud materno-infantil, han demostrado su efectividad; sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para ampliar y mejorar la calidad de la educación en la primera infancia.
  
• La calidad y pertinencia de la educación básica es una deuda pendiente que no ha acompañado la notable expansión en cobertura educativa. Los grupos desfavorecidos también enfrentan importantes barreras financieras para acceder a niveles educativos superiores, los cuales ofrecen retornos salariales que más que duplican los de quienes alcanzan niveles más bajos.
  
• El acceso a empleos de calidad y la acumulación de activos esenciales son fundamentales para la inclusión durante la vida adulta. Sin embargo, barreras estructurales como la informalidad laboral y la limitada protección social, el acceso limitado al crédito, las dificultades específicas para grupos étnicos y mujeres, y las desigualdades regionales generan profundas brechas de inclusión.

• Las políticas para reducir las brechas en el acceso a oportunidades económicas deben actuar en varios frentes: igualar el potencial productivo mediante el fortalecimiento del capital humano en la etapa laboral, promover un trato equitativo en el mercado laboral para personas con habilidades similares, independientemente de género o etnia, mejorar la toma de decisiones laborales de los grupos desfavorecidos mediante un acceso adecuado a la información, y fortalecer la inclusión financiera.
  
• La informalidad laboral deja a muchas personas sin acceso a pensiones contributivas. Las no contributivas se han ampliado para garantizar un ingreso mínimo en la vejez, pero su cobertura y suficiencia aún son desafíos importantes en varios países.
  
• El envejecimiento de la población y la falta de servicios de cuidado formal sobrecargan a las familias, especialmente a las mujeres. Es crucial desarrollar políticas de cuidado para la vejez, que hasta ahora han sido inexistentes en la región.
  
• Las políticas de inclusión enfrentan desafíos transversales como la necesidad de focalizar eficazmente a los beneficiarios, garantizar capacidades técnicas e institucionales para una implementación eficiente, asegurar un financiamiento sostenible que permita mantener estas políticas a largo plazo, mejorar la capacidad redistributiva, y evitar distorsiones que socaven los incentivos a la productividad y al crecimiento económico.