Los mercados financieros y el desarrollo productivo

El acceso de las empresas al financiamiento es un factor fundamental para la eficiente asignación del capital y la productividad. La situación de ALyC en este sentido no es alentadora.

El crédito, en relación con el tamaño de las economías, es relativamente bajo. El gráfico 2.11 muestra que en ALyC el crédito al sector privado equivalía al 51 % del PIB en 2023, mientras que en los países de la OCDE alcanzaba el 150 % en promedio. Esto no solo indica un deficiente desarrollo financiero en la región, sino que también sugiere que las empresas y los hogares tienen un limitado acceso¹.

Otros indicadores así lo confirman. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen casi la totalidad de las que operan en la economía y concentran alrededor del 70 % del empleo asalariado en ALyC, enfrentan serias restricciones al crédito. Como ilustra el panel A del gráfico 2.12, en la región, cerca del 15 % de los préstamos de bancos comerciales van dirigidos a pymes, mientras que en el resto de las regiones del mundo superan el 20 %, llegando casi al 28 % en Europa. Asimismo, los préstamos a pymes en ALyC solo representan alrededor del 5 % del PIB, significativamente por debajo de las demás regiones, excepto África, donde llegan a casi un 3 % (panel B). En cambio, en Europa, los préstamos a pymes equivalen al 13 % del PIB, y en Asia y Pacífico, casi al 20 %.

Otra señal es el diferencial de tasas de interés que pagan las pymes con respecto a las empresas grandes. Según datos de la OCDE (2024b), este es sustancialmente más elevado en ALyC con relación al foro de países desarrollados. El gráfico 2.13 muestra que para los países de ALyC, este diferencial se encuentra entre 3,6 puntos porcentuales en México y casi 20 en Perú. El promedio para estos dos países junto a Chile, Colombia y Brasil es 8,6. En contraste, la mediana para la muestra de 36 países incluidos en el gráfico es menor a 1 punto porcentual.

Un limitado acceso a financiamiento constituye un significativo obstáculo al crecimiento de las empresas, impidiendo que exploten plenamente las ganancias de eficiencia derivadas de la innovación². Cuando las empresas, especialmente las pymes y las firmas jóvenes, enfrentan altos costos de endeudamiento y barreras para acceder al crédito, su capacidad para invertir en nuevas tecnologías, expandir operaciones e, incluso, mantener su capital existente es limitada. También afecta las decisiones de innovación,pues limita la inversión en insumos complementarios críticos, adquirir maquinaria avanzada, contratar mano de obra calificada o implementar nuevas prácticas organizativas³.

El gráfico 2.14 muestra que el gasto en investigación y desarrollo en los países de ALyC representa, en promedio, 0,31 % del PIB, con Brasil a la cabeza con el 1,15 %. En contraste, el promedio para los países de la OCDE se ubica en el 2,3 % del PIB, con países como Alemania, Japón y Estados Unidos por encima del 3 %. Otros indicadores de innovación muestran la misma imagen. Por ejemplo, en términos de solicitudes de patentes, ALyC representa solo el 0,35 % de las solicitudes a nivel mundial, mientras que, a modo de comparación, la región tiene más del 8 % de la población y alrededor del 7,3 % del PIB mundial⁴.

Por supuesto, la falta de acceso a financiamiento no es la única causa de la baja innovación en la región, pero sí es un factor crucial de acuerdo con la evidencia empírica. La competencia en los mercados de bienes y servicios, así como la cooperación entre empresas y la participación en cadenas de valor, como se verá más adelante, son también determinantes.

Las fricciones financieras son otro elemento que reduce la entrada de nuevas empresas⁵. Los altos costos de entrada y el acceso limitado al capital inicial implican que solo las empresas con suficientes fondos internos o conexiones pueden ingresar al mercado. Esto reduce la competencia, lo que permite que empresas menos productivas sobrevivan y prosperen.

En esencia, un sistema financiero que no funcione de manera eficiente impide que el capital fluya, especialmente hacia las empresas más productivas y con mayor potencial, lo que finalmente se traduce en una menor productividad a nivel agregado.

El acceso al financiamiento también incide sobre las decisiones ocupacionales de los individuos. Cuando existen barreras y el capital no llega a los emprendedores con más potencial, la economía sufre de una ineficiente distribución del talento. Esto implica que empresarios con menos capacidades, pero con acceso a recursos, terminen operando empresas menos productivas que demandan menos trabajo y capital. Esto se refleja en salarios más bajos, lo cual hace que la opción de ser asalariado sea menos atractiva. Así las cosas, más individuos buscan ser emprendedores, generándose un círculo vicioso que resulta en excesivos e ineficientes emprendimientos, muchos de los cuales terminan en la informalidad.

La relación entre informalidad y fricciones financieras no termina con los efectos que tienen estas sobre las decisiones ocupacionales de los trabajadores. Cuando las empresas carecen de historial financiero o de los activos necesarios para asegurar préstamos en el sector formal, pueden optar por operar informalmente para evitar los costos asociados con la formalización. 

Otro efecto adverso de las barreras al financiamiento es que dificulta la expansión de las empresas hacia nuevos mercados y su participación en cadenas globales de valor. En resumen, las fricciones financieras tienen profundas consecuencias sobre el tejido productivo y la productividad de las empresas y la economía en su conjunto. 

Reforma financiera: mayor acceso al crédito e inclusión

Para mejorar el acceso al crédito, especialmente a las pymes, y fomentar una mayor inclusión financiera en ALyC, es fundamental abordar las deficiencias actuales del sistema bancario. En la región, este se caracteriza por una elevada concentración y por la falta de incentivos para orientar las fuentes de financiamiento hacia las pymes, que son percibidas como más riesgosas, lo que obliga a muchas de estas empresas a depender de recursos internos o informales.

En este sentido, es crucial implementar políticas que fomenten la competencia, la transparencia y la eficiencia. Esto implica, por un lado, promover el desarrollo de sistemas de información crediticia que proporcionen información confiable sobre los prestatarios, facilitando una evaluación más precisa del riesgo por parte de los bancos. Esto conlleva el fortalecimiento —o, incluso, la creación— de centrales de riesgo, tales como los burós de crédito, que recopilen y diseminen información crediticia de personas y empresas. Estás instituciones, al reducir las asimetrías de información que caracterizan al sistema financiero, promueven un mayor acceso al crédito, un endeudamiento responsable y un sistema financiero más inclusivo y eficiente.

En términos de inclusión, una característica común de América Latina […] es que el acceso al crédito suele estar muy sesgado hacia las empresas más grandes. Por lo tanto, las pequeñas y medianas empresas y los hogares tienen un acceso mucho más limitado al crédito.

Con base en entrevista a Carmen Reinhart

Por otro lado, es necesario facilitar la entrada de nuevas instituciones financieras, incluyendo fintech y cooperativas de crédito, para diversificar el mercado y ofrecer más opciones a las empresas y al público.

El impacto de las fintech en ALyC podría ser significativo en la mejora del acceso al crédito, especialmente para los sectores tradicionalmente desatendidos por la banca convencional. Las fintech tienen el potencial de democratizar el acceso a servicios financieros mediante el uso de tecnología innovadora que reduce costos operativos y permite ofrecer productos y servicios más adaptados a las necesidades de los clientes.

Una de las principales ventajas de este tipo de instituciones es su capacidad para evaluar el riesgo utilizando datos no tradicionales, como el historial de pagos de servicios públicos o perfil de redes sociales, y métodos de análisis alternativos. Esto les permite evaluar la solvencia de las pymes y de personas naturales con historial crediticio limitado o nulo, o con garantías insuficientes (Kelly et al., 2017). 

Al operar con costos más bajos, las fintech pueden ofrecer condiciones de financiamiento más favorables. Esto se traduce en una mayor competencia en el sector financiero que se manifiesta tanto de forma directa, a través de la rivalidad entre las instituciones fintech y los bancos tradicionales, como de forma indirecta, al proporcionar incentivos para que las instituciones financieras tradicionales inviertan en nuevas tecnologías (Bakker et al., 2023).

Hay evidencia de que esta mayor competencia se ha reflejado en la reducción de los márgenes de tasas de interés, haciendo que el crédito sea más asequible. En las economías emergentes y en desarrollo, así como en ALyC, un aumento en la actividad de los bancos digitales está asociado con una reducción en esos márgenes. Específicamente, un incremento de un punto porcentual en la proporción de transacciones de bancos digitales respecto al total de préstamos bancarios se asocia con una disminución en el margen de interés de entre 0,2 y 1,9 puntos porcentuales. En Brasil, donde hay una gran presencia de fintech, los márgenes de tasas de interés disminuyeron aproximadamente 13 puntos porcentuales entre 2017 y 2020, y se estima que el aumento en la actividad de los bancos digitales contribuyó a una reducción de 3 puntos porcentuales en estos márgenes (Bakker et al., 2023).

El impacto de las fintech va más allá, pues también están contribuyendo a la inclusión financiera. Las tecnologías digitales permiten que sea más rentable atraer y servir a poblaciones tradicionalmente excluidas, como aquellas asentadas en áreas rurales y personas de bajos ingresos, superando barreras geográficas o de otra índole y creando productos y servicios especialmente diseñados para las necesidades de estos grupos. 

Los datos para América Latina y el Caribe muestran que, en efecto, cada vez más los emprendimientos fintech se enfocan en segmentos de la población desatendidos por el sistema financiero tradicional. En 2023, “el 57,32 % de las empresas fintech tiene como población objetivo a personas o empresas sub-bancarizadas o no bancarizadas”⁶, lo cual representa un significativo aumento en comparación con el 36 % observado en 2021⁷. 

La asociación entre entidades financieras tradicionales y las fintech también ha demostrado ser una estrategia efectiva, permitiendo así un mayor acceso al crédito de personas y empresas, en particular pymes, que de otro modo habrían permanecido excluidas. 

Estas asociaciones permiten aprovechar las fortalezas de ambos tipos de organizaciones. Las instituciones financieras tradicionales aportan su marca, cartera de clientes y acceso a fondos, mientras que las fintech ofrecen innovación tecnológica, sistemas modernos de información y la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos de consumidores (Kelly et al., 2017).

Una pregunta que queda pendiente de respuesta es si el crecimiento de la industria fintech efectivamente mejora el acceso al crédito de empresas y consumidores. La evidencia presentada en Berg et al. (2022) sugiere que, al menos en economías desarrolladas, las fintech no han logrado ampliar el acceso al crédito de manera significativa a prestatarios desatendidos por la banca tradicional, salvo en nichos específicos. Otros estudios muestran, sin embargo, una mejora en el acceso al crédito en ciertos segmentos y mercados⁸. En cuanto a las empresas, específicamente, hay evidencia de que las fintech pueden mejorar el acceso a financiamiento, especialmente de las pymes.

En el caso particular de economías en desarrollo, las fintech tienen un mayor potencial de expandir el acceso al crédito, pues sus sistemas bancarios suelen carecer de la infraestructura y de recursos para una adecuada evaluación del riesgo. Por lo tanto, las fintech, al usar datos y métodos no tradicionales, pueden tener un mayor impacto⁹. 

Para que ese impacto sea plenamente efectivo, es necesario que los Gobiernos y los reguladores de los países de la región establezcan un marco normativo que promueva la innovación mientras protege a los consumidores y garantiza la estabilidad del sistema financiero. Esto incluye la creación de un entorno competitivo que permita a estas instituciones operar junto a entidades bancarias tradicionales, promoviendo así un ecosistema más inclusivo y dinámico.

El recuadro 2.1 profundiza en las reformas necesarias al marco normativo y regulatorio para un mejor desarrollo del sector fintech.

La banca de desarrollo como alternativa

La banca de desarrollo puede desempeñar un papel crucial en mejorar el acceso al financiamiento de las empresas, al actuar como un complemento a la banca privada y las cooperativas de crédito. También está en capacidad de impulsar el crecimiento de las pymes, que son el motor de muchas economías de la región. A través de programas de apoyo y productos financieros adaptados a las necesidades de estas empresas, la banca de desarrollo puede facilitar acceso al crédito y promover la creación de empleos, la inversión y la innovación. Tales objetivos los puede lograr a través de dos mecanismos tradicionales: el crédito directo y los programas de garantías¹⁰.

El crédito directo consiste en el otorgamiento de préstamos por parte de los bancos de desarrollo a las empresas. Existen dos modalidades principales de crédito directo: préstamos a clientes finales, y de segundo piso a instituciones financieras. En el primer caso la banca de desarrollo otorga los préstamos directamente a las empresas mientras que en el segundo se canalizan a través de instituciones financieras privadas que actúan como intermediarias. 

Los préstamos otorgados directamente a los clientes finales suelen tener condiciones más favorables que los ofrecidos por la banca comercial, como tasas de interés más bajas y plazos de pago más flexibles. La efectividad de este instrumento depende de la capacidad de la banca de desarrollo de llegar a las pymes, que suelen estar dispersas geográficamente. También requiere de una amplia red de atención y la capacidad de evaluar el riesgo de cada operación de forma precisa.

El alcance de los programas de segundo piso suele ser mayor, ya que aprovechan la infraestructura y la información de las instituciones financieras aliadas para llegar a un mayor número de clientes, sin incrementar significativamente el costo del financiamiento. En este caso, además, el riesgo crediticio es compartido. La evidencia sugiere que esta modalidad de préstamos tiene índices de morosidad más bajos en comparación con los préstamos directos de la banca de desarrollo, lo cual puede reflejar un proceso de selección de clientes y administración de riesgo más eficiente.

Por otro lado, los programas de garantías son instrumentos diseñados para facilitar el acceso al crédito de las pymes, especialmente en contextos donde enfrentan barreras significativas debido a problemas de información asimétrica. Estos programas permiten que las empresas que no tienen suficiente respaldo para garantizar un crédito puedan acceder a financiamiento mediante la compra de garantías que lo sustituyan. Este seguro permite que empresas con potencial, pero percibidas como de alto riesgo, puedan acceder al crédito con mejores condiciones.

Si bien algunos estudios muestran un impacto positivo de estos programas de financiamiento público en el acceso a crédito y la generación de empleo, los efectos sobre la inversión, la innovación y la productividad son menos claros. Esto se debe a que el éxito del financiamiento público depende crucialmente de un buen diseño e implementación de los programas (Abadi et al., 2022).

Un problema típico de este tipo de programas es que los recursos otorgados terminan beneficiando a empresas que no enfrentan restricciones financieras. En estos casos, el crédito privado es sustituido por financiamiento público y no se mejora el acceso a los recursos de las empresas excluidas. Este tipo de problemas se evitaría si el diseño de estos programas priorizara la participación de empresas que efectivamente enfrentan restricciones de crédito.

Asimismo, para mejorar el impacto de estos programas, se recomienda la focalización en empresas con potencial de crecimiento y capacidades para usar los recursos de manera efectiva, lo cual implica un importante desafío en términos de identificación de las empresas, no solo con potencial y capacidades, sino también con limitado acceso a financiamiento. 

Complementar el apoyo financiero con servicios de desarrollo empresarial, como capacitación en gestión financiera, diagnóstico de prácticas gerenciales, asesoría en comercialización y apoyo a la internacionalización, puede amplificar significativamente los efectos positivos de los programas de financiamiento público¹¹. 

Esta combinación de financiamiento y servicios de desarrollo empresarial es crucial, ya que permite a las pymes acceder a capital y mejorar sus capacidades internas. La implementación de tales programas de manera integrada puede, por lo tanto, contribuir al desarrollo sostenible de las pymes.

Un aspecto importante en el diseño de estos programas es el monitoreo constante. La realización de evaluaciones de impacto rigurosas permite medir su efectividad, identificar áreas de mejora y optimizar la asignación de recursos. Para lograrlo, es fundamental asegurar la transparencia en los procesos de selección de beneficiarios y en la distribución de los fondos. 

Un monitoreo adecuado de los fondos de garantía, por ejemplo, no solo ayudaría a determinar si el programa está efectivamente mejorando el acceso al crédito, sino también si es sostenible a largo plazo. Un desafío común en estos programas es que los bancos podrían tener incentivos para llevar a sus clientes más riesgosos a los programas de garantías, o bien, relajar sus esfuerzos en la selección y monitoreo de las empresas beneficiarias, lo que podría resultar en mayores tasas de mora y afectar la sostenibilidad del programa. 

Estos problemas de incentivos también resaltan la necesidad de introducir en su diseño una adecuada distribución del riesgo entre el banco de desarrollo, el banco comercial y las empresas participantes. Además, la implementación de mecanismos de penalización a los bancos con altas tasas de impago y de incentivos a aquellos con buen desempeño, puede fomentar que los bancos mantengan un interés activo en la calidad crediticia de los prestatarios, mitigando los problemas de riesgo moral y de sostenibilidad del programa. 

Para que la banca de desarrollo pueda cumplir a cabalidad con su función de mejorar el acceso al crédito, es necesario que se lleven a cabo algunas reformas que permitan optimizar su funcionamiento, garantizar su sostenibilidad y asegurar su capacidad de respuesta a las necesidades del sector productivo. 

Estas reformas deben asegurar que la banca de desarrollo actúe como un complemento a la banca comercial y que sea capaz de identificar las fallas de mercado que deben superar, así como de determinar qué instrumentos utilizar para apoyar las políticas de desarrollo productivo definidas por los Gobiernos. Asimismo, los bancos nacionales de desarrollo deben ser capaces de identificar sectores y actividades con potencial de generar externalidades positivas en la economía, como la innovación, la diversificación exportadora, la economía verde y el desarrollo de cadenas de valor.

En este sentido, estas reformas deben incluir la definición de un mandato claro que guíe la acción de la banca de desarrollo y que asegure su complementariedad con el sector privado. A su vez, para asegurar que puedan cumplir con este mandato, es necesario que adopten buenas estructuras de gobernabilidad que garanticen su independencia, su capacidad técnica y su sostenibilidad financiera. Solo así podrán desempeñar un papel activo en la transformación productiva de las economías de la región.

Efectivamente, los bancos de desarrollo tienen un rol muy importante que jugar, mucho más allá del financiero. Son el lugar donde aprendemos los unos de los otros, donde de pronto un país quiere hacer un proyecto en una nueva área [….], y eso lleva a que el banco aprenda en el proceso de financiar ese tipo de actividades. Una vez que aprende, puede transmitir esos conocimientos para que otros países exploren esos mismos rumbos.

Con base en entrevista a Ricardo Hausmann

El rol de los mercados de capitales en el financiamiento

Más allá del papel que juega el acceso al crédito para impulsar el desarrollo productivo, otro aspecto importante que debe tomar en cuenta una reforma financiera integral es el desarrollo de los mercados de capitales. 

Los mercados de valores de la región poseen un potencial de crecimiento significativo, pero materializarlo requiere de reformas específicas. Una prioridad es mejorar la accesibilidad al mercado mismo. Reducir barreras como los altos costos de transacción y las regulaciones complejas puede fomentar una participación más amplia, particularmente de los inversores minoristas. Además, promover la inversión institucional de entidades como los fondos de pensiones puede inyectar una liquidez que siempre es necesaria. Desarrollar mercados de bonos más profundos también puede proporcionar vías de financiación alternativas y complementar el crecimiento del mercado de valores.

Fortalecer la transparencia y la gobernanza corporativa es, igualmente, crucial. Esto implica mejorar los requisitos de divulgación para las empresas que cotizan en bolsa, garantizar el cumplimiento riguroso de las normas internacionales de contabilidad y presentación de informes e incorporar factores ambientales, sociales y de gobernanza en las publicaciones de las empresas. Establecer organismos reguladores fuertes e independientes, con mecanismos de aplicación sólidos, es esencial para mantener la integridad del mercado y proteger a los inversionistas. 

En general, una buena gobernanza corporativa facilita el acceso a financiamiento, tanto de fuentes internas como externas. En este panorama, resalta la necesidad de protección a los accionistas minoritarios.

El gráfico 2.15 muestra el rezago que tiene la región en este aspecto. Se observa que los países ofrecen, en general, una menor protección a los inversores minoritarios que los países más desarrollados. Esto sugiere la existencia de brechas significativas en el marco legal e institucional que rige este importante aspecto de la gobernanza corporativa.

Esta brecha tiene implicaciones profundas para el acceso a financiamiento de las empresas. Cuando los accionistas minoritarios están más protegidos, el capital tiende a asignarse de manera más eficiente, pues los inversionistas se sienten más seguros de invertir sabiendo que sus derechos están garantizados. Una sólida protección a los accionistas minoritarios reduce el riesgo de que los accionistas mayoritarios o los directivos abusen de su poder en detrimento de los minoritarios. Esto fomenta el desarrollo de los mercados de valores y permite que el capital fluya hacia empresas con mejores perspectivas de crecimiento.

Ahora bien, para fortalecer los derechos de los accionistas minoritarios, se debe establecer un marco legal claro y completo que defina explícitamente tales derechos. Entre otros, se pueden mencionar los derechos de voto, acceso a la información de la empresa y la posibilidad de emprender acciones legales contra la propia empresa o sus directores. 

Este marco legal debe complementarse con organismos reguladores sólidos e independientes, con facultades para hacer cumplir las normativas y garantizar un trato justo para todos los accionistas, independientemente de su participación. Además, es esencial promover prácticas de gobierno corporativo transparentes, como juntas directivas independientes y procesos claros de toma de decisiones. Finalmente, deben existir mecanismos de resolución de disputas accesibles y eficientes para abordar los conflictos entre los accionistas y la empresa, asegurando que los minoritarios tengan una plataforma justa e imparcial para expresar sus inquietudes y buscar reparación.

También es determinante para el desarrollo de los mercados de capitales, en particular de los mercados de deuda, el diseño adecuado de las leyes de quiebras. Estas proporcionan un marco clave para abordar la insolvencia, reducir la incertidumbre tanto para los prestatarios como para los prestamistas y, en última instancia, para promover el buen funcionamiento del sistema financiero.

Reducir el riesgo y aumentar la confianza de los inversores son las principales formas en que las leyes de quiebras apoyan el desarrollo de los mercados de capitales. Procedimientos de quiebra bien definidos proporcionan procesos claros y predecibles para manejar las insolvencias, dando a los acreedores la seguridad de que sus derechos estarán protegidos. Esto hace más atractiva la inversión en títulos de deuda, pues los prestamistas están más dispuestos a proporcionar capital cuando confían en la capacidad del sistema legal para manejar las dificultades financieras de las empresas.

Además, leyes de quiebra eficaces permiten la reestructuración y reorganización eficiente de empresas con problemas financieros. Al proporcionar un marco legal para que negocien con los acreedores y reduzcan su carga de deuda, estas leyes ayudan a prevenir la liquidación innecesaria de compañías. Esto preserva su valor económico, mantiene los empleos y permite que las empresas viables continúen operando¹².

El gráfico 2.16 muestra que los países de la región, en general, tienen procedimientos de insolvencia menos eficientes que los países más desarrollados. En ALyC, los acreedores recuperan alrededor de un tercio de la deuda en caso de insolvencia en promedio, mientras que en la OCDE recuperan el 70 %.

Aunque hay diferencias entre países, algunas reformas comunes son necesarias en ALyC para fortalecer las leyes de quiebra y hacer más eficientes los procedimientos de insolvencia. Por un lado, es necesario modernizar y armonizar los marcos legales. Esto implica actualizar las leyes de bancarrota para reflejar las complejidades de los instrumentos financieros modernos y las transacciones transfronterizas, mejorar la eficiencia y la transparencia en los procedimientos de bancarrota y establecer tribunales especializados para manejar los casos de manera efectiva.

Por otro lado, es esencial fortalecer los derechos de los acreedores, al tiempo que se garantiza un trato justo a los deudores. Mejorar la protección de los acreedores en aspectos como la prelación de pagos y los procedimientos de ejecución de las garantías, puede aumentar la confianza de los inversores y fomentar el crecimiento del mercado de deuda. Al mismo tiempo, es importante equilibrar estas protecciones con disposiciones para la reestructuración y rehabilitación de la deuda para brindar a los deudores la oportunidad de recuperarse.

Otro aspecto del mercado de capitales que puede conducir a un mejor acceso a financiamiento por parte de las empresas es el desarrollo de instrumentos de capital de inversión privada y de riesgo. El primero va dirigido a empresas más maduras que buscan reestructurarse o expandirse, mientras que el segundo está enfocado en emprendimientos en fase inicial con alto potencial de crecimiento. 

Para las pymes y las empresas jóvenes con dificultades para acceder a la financiación tradicional, estos instrumentos sirven como complemento y, en algunos casos, como alternativa a los de deuda. Estos mecanismos son apropiados para superar los pesados requisitos que exigen las fuentes más tradicionales, como la demostración de ingresos para optar al crédito o la exoneración de pagar intereses en una etapa temprana de operación, cuando suele existir una clara estrechez de liquidez (Álvarez et al., 2021).

A pesar de sus ventajas, estos mecanismos han tenido poca penetración en ALyC debido a problemas de información, la opacidad de los registros financieros y la falta de familiaridad de los empresarios con estos vehículos de financiamiento. Para superar estas barreras, se sugieren políticas que fomenten tanto su demanda como su oferta. 

Del lado de la demanda se puede fomentar la creación de bases de datos de pymes con potencial para atraer inversores, como parte de los servicios empresariales que ofrecen las agencias gubernamentales o las asociaciones gremiales. La promoción de “aceleradoras” e “incubadoras” de startups son otro modo de acercar a las empresas a posibles inversionistas de capital de riesgo.

Del lado de la oferta, se pueden ofrecer incentivos tributarios para inversores de capital de riesgo. Por otro lado, la inversión directa o coparticipación gubernamental en fondos de capital de riesgo puede servir de instrumento catalizador para la participación de inversionistas privados, lo cual es clave para el buen funcionamiento de estos fondos.