Rasgos históricos que condicionan el desarrollo en la región 

Las deudas económica, social y ambiental que enfrenta América Latina y el Caribe, evidenciadas en el sucinto diagnóstico previo, señalan el alcance del desafío a enfrentar. Abordarlo requiere un análisis que tenga en cuenta las especificidades del contexto regional y permita identificar los factores estructurales que condicionan las posibilidades de desarrollo. 

Tres fenómenos sobresalen por la medida en que atraviesan las múltiples dimensiones del desarrollo y porque, además, son característicos de la región: la alta informalidad, las brechas de infraestructura y la criminalidad. El primero es tanto causa como consecuencia de la baja productividad, e incrementa las desigualdades. El segundo hace que los hogares y las empresas de la región estén apartadas entre sí, lo que dificulta la producción y el acceso a servicios. Y el tercero afecta el tejido social y económico, representando un obstáculo crítico para el crecimiento, el bienestar y la cohesión social. 

Pese a estos desafíos, la región muestra fortalezas que no deben pasar desapercibidas y que son instrumentales para las políticas que requiere el desarrollo de la región. Las instituciones macroeconómicas y financieras han mostrado avances significativos, proporcionando una base de estabilidad relativa en un contexto de volatilidad global. Además, y especialmente, la nutrida dotación de recursos naturales, cada vez más valorados en el escenario global, ofrece oportunidades para impulsar el desarrollo.

Informalidad productiva 

La informalidad productiva es una medida del grado de cumplimiento de la normatividad que impone el Estado para que un negocio o persona desarrolle una actividad económica. Estas regulaciones son de diferente naturaleza y pueden variar entre sectores o según las características de la empresa, especialmente su tamaño. En la práctica, aun cuando las regulaciones no tengan un sesgo de diseño por tamaño, su cumplimiento suele ser menos frecuente en las empresas más pequeñas, por lo que muchas regulaciones acaban siendo, de hecho, dependientes del tamaño. 

La informalidad es un fenómeno muy prominente en la región. Un ejemplo de ello es la informalidad laboral¹. En promedio, alrededor del 57 % de las personas ocupadas no hace aportes a la seguridad social, siendo esta la medida más usual de este tipo de informalidad. Este promedio esconde importantes diferencias entre países. Las tasas oscilan aproximadamente entre  27 y 32 % en Chile y Uruguay, y hasta el 80 % en Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Este escenario se manifiesta también en el Caribe: Bahamas, 18 %; R. Dominicana, 56 %; Jamaica, 55 %; Trinidad y Tobago, 70 %; Barbados, 62 % (OIT, 2024, excepto cálculos propios para TyT 2014).

La tasa de informalidad laboral suele caer con el ingreso per cápita del país. No obstante, en los países de la región, esta es, incluso, superior a la de países de ingreso similar. De allí que podemos hablar de un exceso de informalidad (ver gráfico 1.6).

La alta proporción de autoempleados, que en la región alcanza el 40 % de los ocupados, explica en buena medida la informalidad laboral. Pero esta también se manifiesta bajo la condición de asalariado, especialmente en microempresas. En efecto, en América Latina, 1 de cada 4 asalariados informales está en empresas de 10 trabajadores o más, mientras que 8 de cada 100 están en empresas de, al menos, 100 trabajadores (Álvarez et al., 2018). También suele ser más intensa en sectores como la agricultura, donde alcanza el 80 % de los asalariados, pero, incluso, en sectores como manufacturas, el 35 % de los asalariados son informales.

El nivel de informalidad también varía en función de las características de los trabajadores, siendo particularmente alta entre los jóvenes, los de menor educación y los de bajos ingresos. Los asalariados con educación secundaria incompleta son el 59 % en promedio en la región, y en casi la mitad de los países analizados (7 de 16) supera el 75 %. La informalidad, en el quintil de menores ingresos, alcanza el 86 % del empleo asalariado. 

Es claro que la informalidad es un lastre para la productividad, ya que implica una mala distribución de la fuerza de trabajo que reduce la productividad agregada de la economía. De hecho, existen diferencias importantes entre los salarios promedio de los trabajadores en puestos formales e informales (entre 15 % y 30 %), independientemente de su educación, edad o género. Estas diferencias son indicativas, en parte, de brechas de productividad entre puestos formales e informales. El movimiento de estos trabajadores hacia empresas formales y más eficientes traería importantes ganancias de productividad. 

La brecha salarial entre trabajadores formales e informales, combinado con el gradiente socioeconómico del empleo informal, determina que la informalidad en la región sea una causa estructural de la desigualdad salarial. Un estudio reciente encuentra que el 34 % de la brecha de desigualdad en la parte baja de la distribución de la región con respecto a EE. UU. se explica por una mayor concentración de trabajadores en las categorías con peores ingresos relativos y productividad: cuentapropismo y empleo en microestablecimientos (Eslava et al., 2021).

Latinoamérica combina bajos niveles de ingreso per cápita con una altísima desigualdad [….]. Esos dos problemas no están desconectados; son manifestaciones de unas mismas características de base que tiene América Latina. […] tenemos una amplísima masa de la población que no logra involucrarse en las actividades más productivas, es decir, en las actividades donde más ingreso podrían generar para ellos y sus familias y, donde al mismo tiempo, más podrían contribuir a la economía.

Con base en entrevista a Marcela Eslava

La informalidad también atenta contra la formación de habilidades. Por una parte, porque los bajos retornos a la educación bajo la condición de informalidad desincentivan la inversión en educación y, por otra, porque una vez en el mercado laboral, las personas acumulan más habilidades en un empleo formal que en uno informal. En efecto, los asalariados reportan con mayor frecuencia que los autoempleados muestran un aumento en sus habilidades para el trabajo durante su empleo, tanto emocionales como técnicas (Berniell et al., 2016). Asimismo, los asalariados formales tienen una mayor participación en actividades formativas en su empleo.

La informalidad laboral es, también, la principal barrera para aumentar la cobertura y la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social contributivos. Con base en datos administrativos de seguridad social en la región, se encuentra que, en promedio, un trabajador hace contribuciones a la seguridad social de un 35 % del tiempo que dura su trayectoria laboral en Argentina, 51 % en Brasil, 47 % en Ecuador y 50 % en Uruguay (Álvarez et al., 2020). Debido a que las leyes requieren de un número mínimo de contribuciones para acceder a una pensión, una parte importante de la fuerza laboral no tendrá acceso a ella en el momento de la jubilación. Por otra parte, la alta informalidad reduce los fondos para financiar los esquemas contributivos. De hecho, si se redujera a la mitad la informalidad, los ingresos de los sistemas de pensiones contributivas aumentarían entre un 14 % (Uruguay) y un 57 % (Ecuador), con un valor promedio de casi 40 % entre los países analizados². Más, en general, la informalidad reduce las capacidades de recaudación y, por ende, atenta contra el financiamiento del gasto público. 

El uso de los instrumentos no contributivos es sumamente importante porque la informalidad hace que muchos de los beneficios que son parte del sistema de la seguridad social no lleguen a la población pobre.

Con base en entrevista a Nora Lustig

Finalmente, la informalidad también introduce desafíos para las políticas ambientales. Ver recuadro 1.2.

Brechas de infraestructura

La brecha de infraestructura económica es uno de los mayores condicionantes de la actividad productiva en la región. Las redes de transporte en todos sus modos, de infraestructura energética y de redes de comunicaciones son componentes centrales de la producción puesto que permiten el acceso a insumos y a mercados. La región muestra un rezago importante en estos tres componentes como consecuencia de un bajo nivel de inversión a lo largo del tiempo y de la baja eficiencia de las inversiones. 

Infraestructura para mayor conectividad y mayor integración entre nuestros países: esa es la prioridad y la gran apuesta de los próximos cincuenta años. Si no hacemos eso, América Latina nunca va a poder superar realmente sus problemas de desarrollo.

Con base en entrevista a Mauricio Cárdenas

En el transporte terrestre, este rezago se manifiesta por la menor disponibilidad de infraestructura vial. Por ejemplo, en promedio, para 11 países de América Latina, la cobertura vial medida en km pavimentados por cada 100.000 habitantes es de 200, mientras que este indicador para los países de la OCDE alcanza los 1.400. Esta baja disponibilidad, junto con la mala calidad de la infraestructura existente, resulta en congestión, siniestros viales y tiempos de viaje elevados e inciertos. Los índices de conectividad aérea y marítima, que responden a la disponibilidad, frecuencia e importancia de las terminales con que están conectados los países en cada modo, muestran también rezagos importantes con respecto a economías desarrolladas (Sanguinetti et al., 2021; AC&A et al., 2020).

Las brechas en infraestructura de transporte y energía se hacen manifiestas también en la operación cotidiana de las empresas. En este sentido, los datos de encuestas revelan una alta incidencia de empresas que identifican el transporte y la electricidad como una limitación importante o muy severa para sus operaciones (WBES, 2024). En el transporte, para el promedio de países de América Latina, la incidencia de esta barrera alcanza el 23 %, muy superior al valor promedio de OCDE (14 %, excluyendo a países de América Latina). La electricidad se identifica como barrera también en un orden muy superior al observado en OCDE, tanto para América Latina como para el Caribe (34 y 36 %, respectivamente).

Una manera de aproximar el rezago en infraestructura de telecomunicaciones es por la velocidad de los servicios de internet a los que se puede acceder en cada economía. El gráfico 1.8 muestra información sobre velocidad máxima de acceso a internet para las regiones dentro de los países de la región, proveniente de datos abiertos de pruebas de conexión. Para cada país, el gráfico muestra la velocidad máxima de descarga registrada en las provincias o estados (el primer nivel de división administrativa del país) más rápido, mediano y, por último, la velocidad máxima registrada en el estado o provincia con acceso más lento ³.

Estos datos revelan importantes brechas de infraestructura de conectividad. La mediana de velocidad de descargas en países de altos ingresos supera los 90 MBPS, por encima de la máxima velocidad a la que pueden acceder, incluso, los estados de mejor conectividad para la gran mayoría de los países de la región. Algunos países, como Cuba, Haití y Surinam, muestran brechas notables: la máxima velocidad a la que se puede acceder en los estados con mejor conectividad en estos países es apenas la sexta parte respecto al de mejor desempeño, Brasil (129 MBPS). Adicionalmente, todos los países muestran brechas internas significativas. Por ejemplo, en 21 de los 24 países mostrados, la mejor conexión disponible en los estados más lentos es similar o inferior a la mejor velocidad registrada en Haití (26 MBPS). 

Las brechas de infraestructura en la región también alcanzan, y de manera particularmente acuciante, a la infraestructura de agua segura y saneamiento, como muestra el gráfico 1.9. América del Sur y Central evidencian avances significativos en las últimas dos décadas, alcanzando, por ejemplo, una cobertura en acceso a agua segura casi universal en áreas urbanas y superior al 90 % en los hogares rurales. El Caribe se muestra rezagado. Por ejemplo, cerca de la mitad de los hogares urbanos no tienen infraestructura de saneamiento adecuada. 

En cuanto al acceso a electricidad por parte de los hogares, también se observan importantes avances y desafíos. En los últimos 20 años, la fracción de hogares conectados creció en 10 puntos porcentuales; no obstante, en al menos seis países de la región, todavía más del 10 % de los hogares rurales no tiene conexión al sistema eléctrico (Allub et al., 2024).

La infraestructura económica brinda el soporte para el flujo de bienes físicos, energía e información, es decir, de virtualmente la totalidad de los intercambios económicos y, por ende, resulta clave para el crecimiento económico.

La infraestructura de transporte afecta la facilidad con que las empresas acceden a los mercados, tanto para proveerse de insumos como para posicionar sus productos frente a sus competidores y consumidores finales. En este sentido, la región muestra brechas de cantidad y calidad, particularmente en la infraestructura terrestre, que pueden estar actuando como limitantes para la profundización de las cadenas regionales de valor. Siendo deficiente, aumenta los costos de distribución local e internacional, erosionando su competitividad. A su vez, limita los procesos de crecimiento y productividad asociados a la especialización productiva e integración comercial. 

Por su parte, la energía es un insumo crítico en la producción y es transversal a todos los sectores económicos. Una infraestructura energética deficiente, particularmente la eléctrica, resulta en inestabilidad del suministro, lo que puede ocasionar daños en los equipamientos productivos y pérdidas de mercancía. Esto, a su vez, somete a las empresas a inversiones y erogaciones costosas para mitigar los riesgos, por ejemplo, en capacidad de generación eléctrica propia y almacenamiento de combustibles. La importancia del sector eléctrico es creciente de cara a los objetivos de descarbonización de las economías debido al incremento esperado en el consumo. Además, la integración de capacidad de generación de fuentes no convencionales, que se caracterizan por ser más atomizadas, dispersas e intermitentes, requerirá de inversiones sustanciales en redes de transmisión (Allub et al., 2024).

La infraestructura de telecomunicaciones determina la facilidad con que las empresas se vinculan con sus clientes, proveedores y, de modo cada vez más relevante, con sus empleados. Los servicios digitales a los que da soporte esta infraestructura representan una porción creciente del valor de los bienes y servicios comercializados. Cerrar las brechas en conectividad será, entonces, esencial para la integración productiva de la región.

Por último, la infraestructura de agua y saneamiento es un determinante clave del bienestar de los hogares. Favorecer el acceso al agua segura y al tratamiento adecuado de los efluentes reduce la incidencia de enfermedades, con impactos perdurables en la acumulación de capital humano (capítulo 3). La falta de energía limpia también supone daños en la salud del hogar. 

El déficit de infraestructura que tenemos […] va a requerir mucha inversión privada y muchas estructuras de inversión en la que van a tener que participar no sólo los privados, sino también las entidades multilaterales.

Con base en entrevista a Augusto de la Torre

Crimen 

El crimen es un flagelo con costos económicos y sociales muy relevantes. A pesar de la falta de datos confiables que suelen estar muy presentes en la medición de este fenómeno, la información disponible señala la magnitud del problema en la región. Con importantes diferencias entre países, la región presenta altos niveles de homicidios intencionales, de actos violentos, y de corrupción y soborno.

Entre las estadísticas de mejor calidad se encuentra la tasa de homicidios intencionales. Para el año 2000, según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la tasa de homicidios intencionales en América Latina y el Caribe fue de 21,66 por cada 100 mil habitantes. Para 2022, la tasa cayó en apenas 2 homicidios aproximadamente, para alcanzar un valor de 19,58 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esta medida es significativamente mayor que la de los países de Europa, que están alrededor de los 2 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero también está por encima del promedio mundial de 5,61 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Por supuesto, existen importantes diferencias entre países. En Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago y Bahamas la tasa es notoriamente alta, con más de 30 víctimas por cada 100 mil habitantes. Por otro lado, en Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina este indicador está por debajo de 10. 

En el Caribe estamos viendo aumentos en el crimen, especialmente en la transgresión juvenil. […] Las estadísticas muestran que […] estamos viendo padres más jóvenes, hogares fracturados, el síndrome del padre ausente, jóvenes que se sienten desilusionados y se unen a pandillas en busca de un sentido de pertenencia. Y tenemos que abordar las causas fundamentales de esto.

Con base en entrevista a Karen-Mae Hill

El crimen y la violencia imponen altos costos a la sociedad. Hay costos directos, que incluyen el gasto público y privado asociado a la prevención y control del delito, el gasto del sistema de justicia penal y cárceles, y el valor de los bienes y propiedades destruidos por el crimen, así como costos asociados a la pérdida de vidas y otras consecuencias sobre la salud física y mental de las víctimas y sus familias. No obstante, el efecto del crimen va más allá de estos costos. Ciertamente, el crimen afecta la confianza entre los ciudadanos y entre estos y el Estado. También cambia la conducta de las personas y empresas. En particular, reduce los incentivos de las empresas y de las familias a invertir en capital físico y en educación. Estos costos indirectos son significativos, aunque más difíciles de estimar (ver Sanguinetti et al., 2014 para más detalles conceptuales de los costos del crimen). 

Hay una relación directa entre el crimen y el rendimiento económico. Porque si las personas no se sienten seguras para invertir, no lo hacen. Las personas no se van a sentir seguras para venir a visitar y gastar su dinero. Y así, la economía se paraliza. Nadie se siente seguro, nadie se siente protegido, nadie se siente empoderado para participar en una sociedad infestada por el crimen.

Con base en entrevista a Karen-Mae Hill

Una de las estimaciones más comprensivas y recientes de los costos directos es Jaitman et al. (2017). Los autores encuentran un costo directo para 17 países de la región de 3,5 % del PIB, estimación que duplica la cifra respecto al mundo desarrollado. Las estimaciones varían entre países. Honduras, El Salvador y Bahamas están por encima del 4 % del PIB, y Argentina, Perú, Chile, Barbados, Uruguay y México, por debajo del 2 %⁴. 

El crimen y la corrupción son fenómenos complejos y multidimensionales que demandan una estrategia de acción integral. El RED 2014 (Sanguinetti et al., 2014) presenta un conjunto de acciones clave para reducir el delito con importante foco en la prevención. Estas acciones incluyen políticas dirigidas a la familia, los colegios y al entorno urbano, pero también a los sistemas de justicia criminal y a las mismas capacidades del Estado. Por su parte, el RED 2019 (Fajardo et al., 2019) se enfoca en la corrupción y destaca políticas vinculadas con los mecanismos de control interno y externo, con los esquemas de selección de burócratas (electos y no electos) y con otras instituciones para regular la interacción entre el Estado y el sector privado, como las leyes antisoborno y los mecanismos de adjudicación de contratos. 

Instituciones macroeconómicas

La existencia de mercados financieros robustos y la estabilidad macroeconómica son dos condiciones habilitantes clave para el crecimiento económico y la inclusión. Los mercados financieros cumplen un rol fundamental para el bienestar de las familias dado que, mediante operaciones de ahorro y crédito, estas pueden adecuar mejor su consumo en el tiempo. Además, los mercados financieros permiten intermediar fondos a proyectos productivos favoreciendo el crecimiento económico. La estabilidad macroeconómica, por su parte, es esencial para la viabilidad de los proyectos productivos de las empresas y la estabilidad de los ingresos para los hogares. 

La región ha logrado avances significativos en la profundidad de los mercados financieros. En 1980, la relación crédito/PIB en los países de la región alcanzaba en promedio 25,6 % y hoy alcanza 44,7 %. No obstante, la brecha en profundidad de los mercados respecto a países desarrollados se ha ampliado: la relación crédito/PIB de 2023 en la región es significativamente menor al valor de Reino Unido (121 %) y EE. UU. (195 %).

El gráfico 1.11. muestra un conjunto más amplio de indicadores del sistema financiero en los países de la región (Financial Development Index), en las dimensiones de acceso, profundidad y eficiencia en los mercados de crédito (identificado como instituciones financieras) y de capitales (identificado como mercados financieros). El gráfico deja claro que los países de la región han tenido mejoras generalizadas respecto a lo observado en la década de 1980. Tales mejoras son especialmente generalizadas en el sector de instituciones financieras en las dimensiones de acceso y profundidad. Sin embargo, se aprecian retrocesos generalizados en la dimensión de eficiencia. En cuanto al mercado de capitales, se observan mejoras en un grupo de países, entre los que se destacan México, Brasil, Chile y Colombia. Al comparar el desempeño actual respecto al promedio simple de Estados Unidos y Canadá (panel derecho), se observan rezagos significativos y generalizados que se muestran más acuciantes para el mercado de capitales.

En cuanto a la estabilidad macroeconómica, la región ha experimentado un progreso significativo en lograr la estabilidad de precios en las últimas décadas. Las décadas de 1970 y 1980 fueron de crisis recurrentes, caracterizadas por escaladas de precios aceleradas y una virtual ruptura del sistema de precios. Durante la década de 1970, por ejemplo, Argentina alcanzó un pico inflacionario cercano a 400 % en 1976, y Chile llegó al 600 % en 1974; posteriormente, se registraron picos de 3.000 % en Argentina, en 1989; de 7.500 % en Perú, en 1990, y de 2.500 % en Brasil, en 1993.

En general, los episodios de escalada inflacionaria respondieron a una mecánica de dominancia fiscal (Kehoe y Nicolini, 2022; ver recuadro 1.3). Los logros en estabilidad de precios evidenciados en la región responden, en parte, a la introducción de reformas legales que acotaron el mandato de los bancos centrales en la estabilidad de precios y apuntalaron su autonomía. Trece países de la región introdujeron reformas en este sentido entre 1990 y 1996. Con algunas excepciones, estas reformas fueron exitosas y resilientes ante episodios de crisis. Dos episodios recientes sin precedentes –la crisis financiera global de 2008 y el choque asociado a la pandemia de COVID-19 en 2020– muestran que los bancos centrales de la región fueron capaces de implementar una política monetaria contracíclica para mitigar los impactos de las crisis y fueron, en gran medida, exitosos para revertir las expansiones monetarias previas para contener las presiones inflacionarias (Jácome y Pienknagura, 2022).

Cuando la tasa de inflación de Estados Unidos alcanzó el 9 % y la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés rápida y marcadamente, la región resistió los aumentos de las tasas de interés de manera admirable, la cual es una situación muy diferente a la de finales de la década de los 70 y principios de los 80, cuando el fuerte aumento de las tasas de interés internacionales condujo a una crisis financiera general. Así que eso apunta a la resiliencia.

Con base en entrevista a Carmen Reinhart

Espacios fiscales comprometidos

Los desequilibrios fiscales representan una importante amenaza a la estabilidad macroeconómica. Y en la región se observan niveles elevados y crecientes de endeudamiento. En efecto, 13 de los 32 países mostrados en el gráfico 1.13 muestran niveles de deuda pública superiores al 70 % respecto del producto. Las condiciones de acceso al financiamiento son costosas y dispares para los países: la tasa implícita en los servicios de deuda promedia el 3,6 %, 4 % y 5,3 % en las subregiones Caribe, Sudamérica, y Centroamérica y México, respectivamente, mientras que superan el 5 % en ocho países de la región en su conjunto. En consecuencia, la carga de la deuda representa niveles elevados tanto para el producto como para los ingresos fiscales. Del lado de los ingresos fiscales, un grupo de países –Guatemala, Brasil, Barbados, Belice, Guyana, Haití y San Cristóbal y Nieves– presenta ingresos superiores al 30 % del PIB, similares al promedio de OCDE (33 %) (FMI, 2024c) contrastando con su rezago en niveles de desarrollo, lo que sugiere poco espacio para relajar la restricción fiscal del lado de los ingresos.

El análisis del contexto macroeconómico de la región muestra que, aunque se han logrado avances significativos, persisten desafíos estructurales que deben abordarse integralmente. El deterioro fiscal observado en varios países, en parte derivado de las políticas de respuesta al COVID-19, representa una amenaza real para la institucionalidad que ha permitido alcanzar cierta estabilidad. 

Los problemas fiscales se han agudizado mucho desde el COVID-19 porque el colapso de la producción que vimos a nivel mundial, el desplazamiento de los mercados laborales, significó el colapso de los ingresos, significó más gastos gubernamentales para apoyar la economía.

Con base en entrevista a Carmen Reinhart

El contexto actual demanda que los países de la región emprendan procesos de consolidación fiscal para enfrentar nuevos desafíos en política pública. La creciente presión para atender temas sociales, ambientales y de desarrollo económico solo podrá abordarse con recursos fiscales bien administrados. Esto implica reducir déficits y controlar la deuda pública, mejorar los ingresos fiscales en los países donde hay brechas en comparación con economías desarrolladas, así como mejorar la eficiencia en el gasto público, de modo que los Gobiernos puedan responder a necesidades emergentes sin poner en riesgo la estabilidad económica general. 

Finalmente, avanzar en la profundización de los mercados financieros puede ofrecer una vía complementaria para estimular el crecimiento y la resiliencia económica. A medida que se cierran las brechas en el desarrollo financiero bajo entornos regulatorios sólidos, la región podría canalizar mejor los recursos internos y externos para actividades productivas. Un sistema financiero eficiente e inclusivo, que facilite el acceso al crédito y a los mercados de capitales, puede impulsar el crecimiento y permitir una participación más amplia y equitativa en sus beneficios.

Riqueza en recursos naturales

América Latina y el Caribe es una región exuberante. Con tan solo 8 % de la población global, posee el 16 % del territorio, el 15 % de la tierra agrícola, el 23 % de la cobertura de bosques, el 34 % de la cobertura primaria de bosques, el 31 % de las áreas pesqueras y el 32 % de las fuentes de agua potable. En lo que respecta a energía, posee el 19 % de las reservas de petróleo y casi el 12 % de la oferta global de energía de fuentes renovables, con un potencial muy importante en generación solar y eólica. También es rica en minerales, incluyendo aquellos críticos para la transición verde. Por ejemplo, el 47 % de las reservas de litio; el 36 % de las de cobre y el 34,5 % de las de plata, por citar algunas. También es una región sumamente biodiversa, contando con 6 de los 17 países definidos como megadiversos (Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú)⁵.

Este capital natural ha sido y seguirá siendo una significativa fuente de riquezas. Por ello, no es de extrañar la importancia de las actividades económicas de producción y extracción vinculadas a los recursos naturales. Los sectores extractivos, agricultura y de provisión de electricidad, agua y gas, representan más del 10 % del PIB regional, muy por encima del valor para los países de la Unión Europea y Estados Unidos. Es interesante que, en países desarrollados como Australia, Canadá y Noruega, la contribución de estos sectores a la economía sea destacada, al igual que en la región. Esto demuestra que una estructura económica con elevada participación de sectores basados en el capital natural no es incompatible con un alto desarrollo económico y social. La región puede, entonces, apalancar su desarrollo en el importante acervo de capital natural que posee.

El gran punto de contacto entre la agenda de desarrollo económico, la desigualdad social y la protección del medio ambiente es justamente hoy en día encontrar caminos para usar mejor los recursos naturales, internalizando que necesitamos tener en cuenta los costos de nuestras decisiones como sociedad.

Con base en entrevista a Juliano Assunção

La impronta de los recursos naturales también se manifiesta en otras variables: por ejemplo, en los ingresos fiscales. En el caso de la extracción de hidrocarburos, supera el 4 % del PIB en países como Ecuador, Guyana, Trinidad y Tobago, y Bolivia. Por su parte, los ingresos fiscales asociados a minerales representan 3 % y 1,5 % del PIB en Chile y Perú, respectivamente. Los recursos fósiles representan, adicionalmente, una importante fuente de divisas. En Colombia, Bolivia, Trinidad y Tobago, y Ecuador, esas exportaciones superan el 20 % de las ventas totales al exterior de los bienes y servicios.